No hay ninguno de los numerosos y sonoros entuertos del sector financiero en los últimos años en los que la Asociación para la Defensa de los Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) no haya levantado la voz. A pesar de sus tres décadas de historia, el organismo presidido desde su creación en 1988 por Manuel Pardos alimentó su popularidad durante la complicada reestructuración del sector, a medida que crecía el enfado de los afectados por las preferentes y deuda subordinada de las antiguas entidades de ahorro nacionalizadas, las cláusulas suelo, la salida a Bolsa de Bankia, las mpliaciones de capital del Popular previas a su caída o, más recientemente, las idas y venidas con el reparto de los gastos hipotecarios. Una radiografía de alta tensión que parece que se ha contagiado a las entrañas de la asociación. Acaba de celebrar su asamblea anual en medio de un fortísimo enfrentamiento con una facción disidente de antiguos socios que, desde la plataforma "Consumidores Construyendo Futuro", critican la supuesta falta de transparencia y la mala gestión interna. Adicae suma ahora otro quebradero de cabeza con la investigación judicial a las subvenciones de todas las administraciones públicas, incluida la Xunta, con la que selló varios convenio de colaboración en materia de arbitraje de consumo desde 2010.

El Grupo de Fraude Fiscal y Medios de Pago de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Sevilla envió al Ejecutivo autonómico una petición de información sobre las ayudas concedidas entre 2015 y 2018 a la organización liderada por Pardos, con sedes en Vigo, A Coruña y Santiago. El juzgado sevillano encargado del caso requirió también el número de socios declarados por Adicae para poder beneficiarse de las subvenciones -un criterio fundamental para el reparto entre las diferentes asociaciones de los fondos que el Instituto Galego de Consumo e da Competencia maneja para desarrollar "actuaciones en materia de atención y resolución de las reclamaciones de los consumidores gallegos"- y las cuantías. Fuentes de la Consellería de Economía, Emprego e Industria confirman a FARO que efectivamente recibieron la solicitud y se trasladó "toda la información" a las autoridades judiciales.

El registro de convenios de la Xunta recoge la firma de cinco con Adicae en 2010, 2011, 2014, 2015 y 2017. Los dos primeros por importe de 40.000 y 39.000 euros anuales y el resto de 25.000 euros. Todos se firmaron, al igual que con otras entidades de similares características, para la colaboración en reclamaciones por la vía de arbitraje. Aunque no figura en el registro, el pasado 12 de noviembre de 2018 se formalizó un sexto convenio, también de 25.000 euros, como figura en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El montante desde 2010 asciende a 179.000 euros, aunque la investigación judicial se centra en las ayudas desde 2015.

El auto con la demanda de información ha llegado al resto de administraciones regionales y locales que han mantenido relaciones con Adicae. Es el caso, por ejemplo, de la Generalitat Valenciana, como también publica hoy el diario Levante-EMV, del mismo grupo editorial que FARO. En el caso de esta región, los problemas internos que azotan a la asociación provocaron que el gobierno autonómico haya dejado de subvencionarle. Su petición de fondos se archivó por problemas en la solicitud a causa de los cambios en la representatividad y a la existencia de diferentes autos judiciales con dudas sobre la legitimidad de Adicae para pedir subvenciones.