23 de mayo de 2019
23.05.2019

La Audiencia Nacional juzgará el "caso Pescanova" a partir del 2 de diciembre

El juicio oral se prolongará hasta el 26 de marzo

23.05.2019 | 12:03
Manuel Fernández de Sousa, en 2013

Ya hay fecha para el macrojuicio que determinará las responsabilidades del hundimiento de Pescanova SA, la multinacional pesquera que solicitó concurso en 2013 con un pasivo superior a los 3.500 millones de euros. Será a partir del 2 de diciembre, según el decreto de señalamiento que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional trasladó ayer a las partes. El juicio oral se prolongará hasta el 26 de marzo de 2020.

En total serán 43 las sesiones programadas por la Audiencia Nacional, que acogerá la macrocausa en el edificio con el que cuenta en San Fernando de Henares, en Madrid. Se sentarán en el banquillo 19 exconsejeros, exdirectivos y la auditora BDO. Para todos el magistrado de instrucción, José de la Mata, reclama penas de prisión que suman 164 años y medio, fianzas por multas de 33 millones y otras de responsabilidad civil por 760 millones de euros más. En opinión del fiscal Juan Pavía, cuyas conclusiones son recogidas íntegramente por el magistrado, "los acusados, siempre bajo el control último del presidente Manuel Fernández de Sousa, [actuaron] con el conocimiento y aceptación de los demás consejeros acusados, decidieron ejecutar prácticas irregulares [,,,] para seguir obteniendo financiación". Para engañar a la banca y al mercado.

A la cabeza de una operativa "perfectamente estructurada" estaba el expresidente Manuel Fernández de Sousa, para quien el Alto Tribunal reclama las penas más cuantiosas por la comisión de nueve delitos: falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes (alternativamente, de blanqueo de capitales), uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor. Por todo ello De la Mata plantea la imposición de 31 años de cárcel y una multa de 22,24 millones de euros, además de fianzas solidarias de responsabilidad civil que superan los 323 millones.

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