La Cámara de Comercio de Ourense va camino de seguir la estela de la de Ferrol, cuya liquidación validó la Xunta -como administración tutelante- en enero de 2016. La coruñesa resistió cinco años, aunque a duras penas, la supresión de la norma que obligaba a todas las empresas a pagar una cuota cameral; la ourensana aguantó poco más de ocho. Ayer sus dos últimas empleadas entregaron las llaves de la sede, parcialmente subastada, y desde el lunes todas sus funciones pasarán a tramitarse desde la Cámara de Santiago. Las empresas asociadas se enteraron este jueves por carta de la decisión; en la misiva no se incluye ninguna explicación de por qué se han traspasado las competencias al ente compostelano en vez de, por cercanía, a la de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía. Fuentes empresariales consultadas por FARO la vinculan a "cuestiones personales" del equipo interino. "No se nos explicó nada", lamentan. Otras fuentes aseguran que el traspaso de funciones en favor de Santiago fue una "petición directa de Ourense".
De acuerdo a la misma carta, "miembros de la Cámara de Santiago" acudieron el martes a las instalaciones de la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO), de donde emanó una decisión que tuvo que recibir el visto bueno de la Consellería de Economía. Será el 6 de mayo cuando las empresas que deseen tramitar certificados de origen de mercancías o de reconocimiento de empresa exportadora deban dirigirse a la Cámara compostelana. Estos mismos trámites no serán telemáticos hasta el 1 de julio con la habilitación de un "comando específico" en la página web de la institución. La última publicación del ente cameral ourensano es de febrero de 2018, cuando inició el procedimiento electoral para nombrar un equipo directivo; no se presentó nadie.
A diferencia de la de Ferrol, explicaron desde la Xunta, la de Ourense no ha desaparecido. Para ello el Ejecutivo tendría que tramitar un procedimiento de liquidación y cierre, y de momento la cámara se ha quedado sin actividad al carecer de personal. "Las trabajadoras llevaban meses y meses sin cobrar. Aguantaron lo que pudieron", explica un empresario próximo a la organización. "Aquí nadie quiso hacerse cargo de la Cámara, la han dejado morir. Lo lógico sería -añade- que hubiesen elegido a Vigo, pero nos mandan a Santiago". A su juicio la "futura desaparición" de la Cámara es un "palo" para la provincia. "No por la propia entidad, que ya estaba casi sin actividad y no era operativa, sino porque Ourense vuelve a perder peso, se vacía de contenido".
Problemas
Hasta 2010, la pertenencia a las Cámaras de Comercio sí conllevaba el pago obligatorio de cuotas y, como han condenado en numerosas ocasiones, no se ha articulado ningún mecanismo para que dispongan de ingresos recurrentes. En la Ley de Cámaras de 2014 se estableció un abanico de funciones por las que pueden recibir encomiendas de gestión por parte del Estado, como tramitar programas públicos de ayudas a las empresas, gestionar los servicios públicos relacionados con las mismas o desempeñar las funciones público-administrativas. "Parece contradictorio establecer la necesidad de las funciones públicas de las Cámaras y no fijar mecanismos que las doten económicamente de manera adecuada", condenó en su último informe anual la entidad pontevedresa que preside José García Costas.
Entes camerales de toda España han creado un grupo de trabajo presidido por José Vicente Morata Estragués, de Valencia para poder recibir estas "encomiendas de gestión" del Gobierno central y disponer de una entrada "recurrente y estable" de ingresos.
