El juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ultima el cierre de las piezas de responsabilidad civil de los imputados por el caso Pescanova, paso previo a la fijación de la fecha de un juicio que determinará el grado de culpabilidad de la antigua cúpula en el descalabro de la multinacional. El último pronunciamiento de la sala ha sido para ordenar la prórroga del embargo sobre los bienes del expresidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, un procedimiento que ha arrojado alguna sorpresa. Por ejemplo, que no es titular de cuatro embarcaciones, como figuraba en el inventario que obraba en poder de Fiscalía Anticorrupción. Uno de ellos, un velero de 10,7 metros de eslora, cambió de manos el 18 de julio de 2013. El día antes Fernández de Sousa, acorralado por la investigación judicial y por el informe forensic de KPMG -que lo señalaba como el principal responsable de prácticas presuntamente irregulares al frente de Pescanova SA-, presentaba su dimisión.

Así lo ha constatado Capitanía Marítima de Vigo en respuesta al requerimiento de la Audiencia Nacional. "Se significa que [el barco] no figura a nombre de Astilleros y Construcciones Lagos", sociedad propiedad de Sousa, "ya que fue vendida el 18/07/2013 por dicha entidad". Se trata del velero Maracas, una embarcación Jeanneau modelo Sun Odyssey 36i construida en el año 2008 en un astillero francés. El expresidente de la pesquera, como consta en un documento firmado por el fiscal Juan Pavía, traspasó el barco -a un empresario vigués asentado ahora en Brasil- por 5.760 euros. Es una cantidad significativamente inferior al precio de mercado de este tipo de naves, como consta en las páginas especializadas de compraventa de veleros. El mismo modelo y del mismo año se vende a día de hoy, sin cargas, por entre 54.000 y 100.000 euros, como ha podido constatar este periódico. Dado que el Maracas fue nuevamente traspasado en 2017, el embargo sobre la misma ha quedado sin efecto. Sí se ha renovado sobre otras tres embarcaciones: dos zódiac y una planeadora, Grumete Tercero (modelo Tomahawk 37, de la marca Sunseeker), de 11,2 metros de eslora.

Entre las medidas también adoptadas por el juzgado de Instrucción destaca también la reducción de la nómina de empresas imputadas obligadas a prestar fianza en concepto de responsabilidad civil. Se ha caído una de ellas, también vinculada a Manuel Fernández de Sousa. Se trata de Sociedad Gallega de Importación y Exportación de Carbones (Gicsa), que ha sido declarada insolvente por medio de un auto firmado el pasado 23 de abril. "Habiéndose practicado las diligencias de averiguación patrimonial, sin que hayan resultado fructuosas, procede declarar la insolvencia del requerido", concreta la resolución judicial, que podrá ser revertida si "en un futuro pueda venir a mejor fortuna o se hallen bienes de su pertenencia susceptibles de ser trabados". Esta sociedad estaba presente en el consejo de administración -primero con Jesús García y después con el efímero José María Pérez-Carasa- y contaba con el 0,137% de Pescanova SA. Entre el 3 y el 7 de enero, ya con la multinacional en situación de quiebra técnica -un aspecto que desconocía el mercado y buena parte del consejo-, Fernández de Sousa vendió 24.400 acciones del grupo pesquero que tenía Gicsa. No lo comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por la venta se embolsó 364.000, a una media superior a 15 euros por título. Por estas operaciones Sousa fue imputado por uso de información relevante, uno de los cargos por los que se sentará en el banquillo.