El pasado 11 de febrero Maderas Iglesias puso en marcha su noveno Expediente de Regulación de Empleo (ERE) desde que empezara a resentirse de la caída de actividad y pedidos, hace más de ocho años. Se trataba entonces de una medida suspensiva para sus 205 trabajadores, con un año de duración. Pero no pasó un mes antes de la nueva medida de ajuste laboral emprendida por la dirección, de la que hoy se cumplen 30 días sin que se haya alcanzado un acuerdo con la representación de la plantilla. El nuevo ERE es de extinción y voluntario, como concretó a FARO el responsable de Industria de UGT-Vigo, Rubén Pérez, y se aplicará sobre unos 45 trabajadores, casi una cuarta parte del cuadro de personal de la que llegó a ser la mayor fabricante española de pavimentos de madera y tarima flotante. De momento, del tope de 60 trabajadores delimitado por la firma que dirige Juan Ramón Iglesias, se han apuntado ya más de 40 personas.
El problema es que, de esas bajas voluntarias, figuran 12 de los 15 trabajadores del departamento de administración. "Si causan baja supone el cierre de la empresa", resumió Pérez. Esta mañana se celebrará un nuevo encuentro entre la compañía y el comité de empresa con Inspección de Trabajo, a fin de consensuar la cifra final de afectados. Es previsible que causen baja unos 36 empleados del departamento de producción, y entre cuatro y seis de oficinas. "Llevamos ocho años así", se lamentó el secretario general de la federación de Industria de UGT en la comarca viguesa. La actividad actual en Maderas Iglesias es baja, con pequeños pedidos y muestras. "Hay máquinas paradas. Es un escenario muy complejo".
Tampoco asoman nuevas noticias de inversores que puedan revertir la situación. El pasado verano, como desveló FARO, los acreedores rechazaron la oferta de un fondo buitre por el grupo; ofrecían poco más de dos millones de euros. El británico Bank & Clients actuó en la operación para la reestructuración de la deuda, de unos 50 millones de euros.
Deterioro
En paralelo a estas negociaciones Maderas Iglesias había planteado un ERE extintivo para 80 trabajadores -se quedó en 34- con el fin de rebajar sus costes y allanar su venta. Con anterioridad el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) había autorizado a la empresa la venta de maquinaria a fin de satisfacer los atrasos contraídos con la plantilla. La compañía, que en estos momentos concentra el 100% de su actividad en O Porriño tras el cierre de sus centros de Vigo y Mos, llegó a contar en su día con más de 600 trabajadores. El estallido de la crisis económica y el descenso de la actividad inmobiliaria que trajo consigo tanto en España como en Estados Unidos le pasó factura y se vio obligada a solicitar concurso de acreedores, tras el que aplicó una quita del 50% sobre la deuda, que entonces rondaba los 72 millones de euros.
A finales del año pasado los trabajadores protagonizaron una huelga indefinida que se prolongó durante 23 días por el impago de salarios y la renegociación del convenio colectivo. Los sindicatos con presencia en el comité de empresa (CIG, UGT y CC OO) siempre han defendido que la única salida para Maderas Iglesias pasa por la entrada de un grupo inversor. "No se va a presentar nadie si no hay carga de trabajo", se lamentan desde la plantilla. La mayoría del cuadro de personal está compuesto por mujeres.
