Aunque la AP-9 se lleva casi toda la atención por sus suculentos beneficios, la batalla accionarial entre Globalvia y la alianza de Corsair y el fondo APG para el control del grupo que explota su concesión, Itínere, y ahora por el debate de la transferencia, en Galicia hay otra autopista de titularidad estatal que tampoco vive precisamente tiempos tranquilos. En la Autopista Central Gallega (Acega) no hay luchas entre socios -pese a que también en su capital se mezclan Globalvia (81,64%) e Itínere (18,36%)-, sino un enconado enfrentamiento con el Ministerio de Fomento para compensar la caída de tráfico y, por tanto, de peajes, durante la crisis. E incluso ya en la etapa de recuperación. La concesionaria reclamaba al Gobierno una indemnización millonaria para cubrir el supuesto desequilibrio acumulado entre 2011 y 2016, pero la Audiencia Nacional acaba de echar un jarro de agua fría a sus pretensiones.
La vía de 56,7 kilómetros entre Santiago y el Alto de Santo Domingo (Dozón) abrió sus primeros tramos en 2003, pero no estuvo a pleno rendimiento hasta 2005. Su concesión se prolongará durante 75 años. El principal accionista, Globalvia, asegura que la intensidad media diario de tráfico en 2018 fue de 6.020 vehículos. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Fomento elevan esa cantidad a 6.800, a la falta de los datos del mes de diciembre. Según la información del departamento dirigido por José Luis Ábalos, desde su nacimiento solo se redujeron los tráficos en la AP-53 en 2011 y 2012, con caídas del 6,1% y del 14,3%, respectivamente. Los ingresos por peajes siguieron bajando hasta 2013, con 8,5 millones de euros de mínimo, para luego no parar de recuperarse hasta que la caja de Acega batió récord de negocio en 2017: 10,5 millones de euros de ingresos y más de 1,7 millones de beneficio, un 7,5% por encima del ejercicio anterior.
La Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda emitió el 3 de febrero de 2016 una resolución que negaba el derecho de Acega a beneficiarse de la llamada "cuenta de compensación" creada en una disposición de la Ley de Servicio Postal Universal de diciembre de 2010 para "tratar de paliar el problema de tráfico existente en determinadas autopistas de peaje de reciente adjudicación, agravado con la situación de crisis económica, y con el objetivo de permitir a las sociedades concesionarias el anticipo de ingresos de peajes a futuro". Se trataba de una media "adicional y complementaria" a los préstamos participativos concedidos un año antes por la subida de precios de los terrenos expropiados para algunas autopistas, entre ellas la AP-53, ordenada por sentencias judiciales.
Pese a ese carácter "adicional", Acega quedo excluida de las compensaciones por tráficos, "sin justificación alguna", se quejó. Finalmente logró entrar en la "cuenta de compensación" a partir de 2012 y pidió un reintegro superior a los 4,8 millones de euros.
Pero desde 2012 no existe ya partida presupuestaria para la medida. De hecho, los tribunales han ido tumbando una a una todas las demandas de Acega para recibir algún tipo de compensación.
Frente al nuevo recurso de Globalvia contra el Ministerio de Fomento, la Audiencia Nacional recuerda a la sociedad concesionaria cuál es el criterio del Tribunal Supremo, que destaca el condicionamiento de la compensación a "las disponibilidades presupuestarias establecidas anualmente". Acega, con un préstamo participativo del Estado de 60,1 millones de euros, se queda sin opciones. Con la "doctrina reiterada emanada del Tribunal Supremo", los magistrados de la Audiencia Nacional desestiman íntegramente el recurso contencioso-administrativo.
