Más de 300 trabajadores de las tres fábricas de aluminio de Alcoa en España -la mayoría, de A Coruña y Avilés- se concentraron ayer ante el Congreso de los Diputados, en Madrid, para exigir al Gobierno un nuevo marco eléctrico que haga viable la gran industria y evite el cierre de las plantas. En la protesta, que obligó a cortar el tráfico en la carrera de San Jerónimo, un trabajador coruñés fue detenido tras un enfrentamiento entre manifestantes y Policía. El borrador del estatuto de la industria electrointensiva publicado por el Ejecutivo la pasada semana ha decepcionado a patronal y sindicatos y ha caldeado los ánimos entre los 400 empleados directos de la aluminera en A Coruña y los 300 de Avilés -que dependen de la venta de ambas factorías para evitar el despido colectivo-, a los que se han sumado los 1.300 de San Cibrao (Cervo), que según la propia Alcoa están "en riesgo" por el precio elevado e inestable de la energía. En este clima, con el plazo de alegaciones abierto y en un contexto preelectoral, el Gobierno y los partidos políticos de la oposición se enzarzaron ayer en un cruce de acusaciones con los trabajadores de por medio.

Antes del inicio de la protesta, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, cuestionaba la reclamación de la industria electrointensiva al advertir de que "todo incentivo que se les aplique deberán pagarlo los demás consumidores". Abascal también rebatió el argumento de la competencia internacional, al segurar que el precio de la electricidad que pagan las grandes industrias en España es similar al de otros países europeos. "El sistema eléctrico tiene que estar económicamente equilibrado, y aunque sea un poco complicado decirlo, entre todos tenemos que pagarlo; eso quiere decir que cualquier excepción implica una financiación por parte del resto de los actores, algo que debe ser tenido en cuenta con gran atención", declaró.

Por su parte, el Ministerio de Industria defendió ayer las ayudas de 91 millones de euros a la industria electrointensiva que aprobará hoy en Consejo de Ministros como una forma de "hacer viable la producción de aluminio", sea en Alcoa o en "los proyectos que pueden venir en torno a Alcoa", en palabras del secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco. Estas compensaciones indirectas de costes de emisiones de CO2 -que establece la UE- no son suficientes para dar competitividad según el sector.

A la concentración acudió el secretario general de CC OO, Unai Sordo, que emplazó a la ministra Maroto a encontrar una solución antes de junio, cuando se agota el plazo para vender las plantas y evitar el ERE. Dirigentes de PP, Cs, Unidos Podemos y Foro apoyaron a los concentrados. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, trasladó también su "total apoyo" a la plantilla aluminera.