Las empresas beneficiarias de las nuevas rebajas eléctricas ofrecidas por el Gobierno central en el borrador del llamado Estatuto del Consumidor Electrointensivo conseguirán un ahorro que, considerando todas las medidas susceptibles de aplicación inmediata, será de unos 4,2 euros por megavatio/hora de consumo, según se infiere de la memoria económica que acompaña el proyecto. Tal ventaja es cinco inferior a los 23 euros que obtuvieron las 1.190 empresas, el 88% de ellas vascas (1.047), que a partir de 2014 resultaron favorecidas por cambios en las tarifas que impulsó primero el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy y completó después el equipo del socialista Pedro Sánchez, en ambos casos a raíz de acuerdos políticos con el PNV.
En 2014, y en el contexto de la reforma de la Ley Eléctrica, el PP pactó con los nacionalistas vascos aceptar una reivindicación histórica de sus empresas: modificar la escala de tarifas de media y alta tensión para crear una nueva (6.1B) destinada a los consumidores con potencias contratadas superiores a 450 kilovatios y conectados a la red por tendidos de entre 30 y 36 kilovoltios, un perfil a la medida de las compañías vascas con consumos cualificados de energía porque el voltaje comentado es el habitual en las redes de Iberdrola que suministran a ese tipo de clientes. Tal decisión suponía sacar a las empresas de las tarifas de media tensión, más caras, e incorporarlas a una nueva categoría de alta tensión, más asequible. Según datos oficiales recopilados por el ingeniero Joaquín Giráldez, socio fundador de la consultora energética Ingebau, ese primer paso de una tarifa de media tensión a la de nueva creación suponía un ahorro de 7,5 euros por megavatio/hora.
Aquella rebaja, que fue conocida como el euskopeaje eléctrico, la aprobó el Gobierno de Rajoy por real decreto en 2014 no sin polémica. El informe previo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señalaba que el cambio de tarifas "no estaba suficientemente motivado", y el proyecto recibió alegaciones en contra por parte de agrupaciones empresariales y comunidades autónomas. Algunas de ellas reclamaban que la rebaja se extendiera a redes de voltajes inferiores (hasta los 20 kilovoltios) para que alcanzase a sus empresas. La gran mayoría de las que en Galicia se abastecen por tendidos de media tensión lo hacen con cables de entre 5 y 24 kilovoltios. El euskopeaje suscitó, entre otras, la oposición del Govern catalán.
A ese primer episodio siguió un segundo, aún con el PP en el Gobierno pero en minoría parlamentaria. A cambio del apoyo a al proyecto de Presupuestos de 2018, el PNV arrancó un compromiso que suponía una rebaja eléctrica más ambiciosa, al eliminar la tarifa 6.1B y pasar la gran mayoría de los contratos vinculados a ella a la 6.2. De acuerdo con los mismos cálculos de la ingeniería andaluza Ingebau, el ahorro conseguido así fue de 16,2 euros por megavatio/hora. Esto es, con respecto a la situación anterior a 2014, la rebaja agregada superó los 23 euros (7,5+16,2).
Esa segunda parte de la historia del euskopeaje no llegó a completarse con Rajoy en el Gobierno, por los reparos de Ciudadanos, socio clave del PP para aprobar los Presupuestos de 2018. Pero el asunto fue reflotado por Pedro Sánchez tras el apoyo del PNV a la moción de censura que llevó al líder socialista a la Moncloa. En octubre y por decreto recibió luz verde el segundo cambio tarifario que primó al País Vasco. ¿Quiénes se beneficiaron? Los datos de la CNMC sobre los contratos acogidos a la tarifa 6.1B (en 2018 incorporados a la 6.2, más barata) identifican 1.191 empresas de seis comunidades autónomas, pero con abrumador predominio de las vascas: 1.047 contratos en Euskadi, frente a una única beneficiaria en Galicia (A Coruña), por ejemplo.
¿Cómo es ahora la oferta nuevas rebajas que lanza el Gobierno para las industrias electrointensivas? Las relacionadas con los peajes y otros cargos de las tarifas de alta tensión tienen un impacto que se describe así en la memoria del proyecto: la exención de los llamados pagos por capacidad supone en el mejor de los casos un euro por megavatio/ hora de consumo, y la exoneración del cargo correspondiente al servicio de interrumpibilidad representa 0,8 euros para esas mismas compañías. Por tanto, el ahorro a cuenta de la tarifa eléctrica es de 1,8 euros, trece veces inferior al del euskopeaje. Si se incluye la otra medida concreta del estatuto, el dinero comprometido para la compensación de los denominados costes indirectos de CO2 (76 millones seguros en 2019, con opciones de llegar a 100), el beneficio añadido será de 2,38 euros (considerando un reparto homogéneo entre los 42 millones de megavatios que consume el sector electrointensivo). La rebaja completa sería así de 4,18 euros, cinco veces inferior a la que supuso el euskopeaje.
