Ni una coma del guión se salta el presidente de Red Eléctrica de España (REE) en la película de despedida al carbón. A la compañía le corresponde revisar las peticiones de cierres de centrales para medir su impacto en el suministro a hogares e industrias y que el Gobierno pueda así autorizar o no cada una de las clausuras. Meirama y otras ocho térmicas ya han dicho que no seguirán más allá de 2020. Descartan acometer las obras necesarias para adaptarse a los nuevos límites de emisiones fijados por la UE por la falta de rentabilidad de la generación convencional y la creciente apuesta por la transición energética hacia un modelo renovable en todo el continente. ¿Y cuál es el impacto en este caso? Pues el Ejecutivo asegura que la desconexión es asumible sin que afecte a la seguridad del sistema y que REE así se lo trasladó. "Que le conteste el Gobierno", respondía Jordi Sevilla en un encuentro con periodistas previo a la junta de accionistas que hoy celebra REE, ante la pregunta de si efectivamente ese análisis sobre la planta gallega está hecho. El operador del transporte recuerda que los permisos de fin de actividad son exclusivos de la administración y deja claro que no se hará nada que ponga en peligro el suministro.

Que la descarbonización sea una de las patas fundamentales del Plan Nacional de Energía y Clima que el Ejecutivo acaba de enviar a Bruselas deja entrever que sí, que REE avala los cierres. En paralelo el sistema sumará los más de 5.000 megavatios (MW) de nueva potencia, básicamente eólica, concedidos en las macrosubastas renovables con las que España aspira a cumplir los objetivos comunitarios de consumo verde en 2020. Hay, según el director general de Operación, "tiempo más que suficiente" para hacer las cosas "con seguridad". Incluso en un horizonte temporal mayor, hasta 2030, cuando podrían apagarse el resto de térmicas españolas. "Se pueden hacer las cosas para que sea compatible", insiste Miguel Duvison, en referencia a la salida del carbón del sistema y la entrada del boom renovable.

Para integrar toda esa avalancha de potencia renovable, REE contempla una inversión en la red de transporte de 2.880 millones de euros dentro de su nuevo plan estratégico hasta 2022. En Galicia, donde este mismo año empezarán a funcionar entre 600 y 700 MW nuevos, está en ejecución la ampliación de tres subestaciones (Mesón, Ludrio y Regoelle), que se llevan buena parte de los 57,6 millones de euros reservados por la compañía para reforzar el sistema eléctrico regional en los próximos tres años. Se están ultimando los contratos de construcción con los promotores eólicos que se van a enganchar a esas subestaciones. "A día de hoy -remarca REE- no se prevé ningún contratiempo".

Otra cosa es lo que está sucediendo con la gran autopista eléctrica entre Galicia y el norte de Portugal para aumentar la capacidad de intercambio entre España y el país vecino, que funcionan como un único sistema eléctrico. Después de numerosos atrasos en el proyecto, la Agencia Portuguesa do Ambiente (APA) contaba con llevar a exposición pública el estudio de impacto medioambiental del tramo que va por su territorio el pasado septiembre. No fue así. "Nos consta comunicación y coordinación entre las autoridades de los dos países", explica Eva Pagán, directora general de Transporte, como principal novedad durante el último año, a la espera del documento de la APA. Pagán confirma que el suyo es también el plazo de 2021 que baraja la administración portuguesa para tener lista la conexión, que en principio se diseñó para 2015. "Confiamos en esa fecha", dice, sin olvidar que se trata de un proyecto amparado por la UE y supervisado por Bruselas. El presupuesto asciende a 80 millones de euros, de los que 50 van para la parte gallega.