El impacto real de las medidas que ha propuesto el Gobierno central para rebajar la factura eléctrica de las grandes industrias -Alcoa, Ferroatlántica, Megasa, Celsa Atlantic, entre otras compañías con fuerte implantación en Galicia- apenas aligera la desventaja que tienen los centros productivos en España frente a los competidores foráneos, incluidos los de los principales países europeos. El sector electrointensivo ha hecho un primer cálculo según el cual la diferencia entre los precios que paga aquí y los de Francia y Alemania se reduciría como mucho en el 10% (dos euros sobre una diferencia de veinte o veinticinco en el coste del megavatio/hora), resultado que está lejos de resolver los problemas de competitividad que tienen los grandes consumidores industriales de energía y de atajar el riesgo deslocalizaciones.

Esa opinión, expresada por el lobby que reúne a las principales empresas afectadas (la Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía, Aege), fue compartida ayer por la Xunta y la mayor parte de los partidos y sindicatos gallegos. El conselleiro de Economía, Francisco Conde, aseguró ayer que está en contacto con las empresas electrointensivas de la comunidad para presentar alegaciones al borrador de estatuto divulgado el lunes por el Gobierno central. Conde plantea como "elementos fundamentales" rebajar los peajes y la fiscalidad. El futuro de la industria de gran consumo energético estará en el foco del debate en la próxima sesión plenaria del Parlamento de Galicia, en la que el PPdeG presentará una iniciativa para que los grupos de la Cámara "alcen la voz" contra el proyecto de real-decreto. En este sentido, el BNG señaló que la propuesta "lejos de aportar soluciones trae aún más incertidumbre" y En Marea lo calificó de "tomadura de pelo".

Las centrales sindicales, por su parte, también presentarán alegaciones al borrador presentado por el Ejecutivo central a consulta pública. CC OO lamenta que el texto no mencione los costes derivados de los peajes de transporte y distribución, "uno de los caballos de batalla del precio de la energía".

Paulo Carril, secretario xeral de la CIG, califica las medidas de "tremendamente insuficientes" por carecer de "una tarifa industrial estable", establecer "unas obligaciones con el empleo ridículas" y repercutir la financiación de los costes en los consumidores.

Al igual que CCOO, la CIG sostiene que el borrador se olvida de los consumidores hiperelectrointensivos. Otro de los capítulos que genera unanimidad de la crítica tiene que ver con la compensación de los costes indirectos de CO2, el fondo estatal que la UE permite distribuir entre las empresas para paliar los sobrecostes eléctricos asociados a la política ambiental.

El compromiso presupuestario que ofrece el Ministerio de Industria (76 millones en 2019 y la posibilidad de llegar a 100) queda muy lejos de las expectativas fijadas por las empresas electrointensivas españolas. La asociación Aege reconoce que la elaboración del estatuto "es por sí misma un avance, porque nos dota de un marco normativo y se aprecia voluntad política", señaló Fernando Soto, director general de la asociación. Pero añade a renglón seguido: "El impacto real de las dos únicas medidas nuevas que se concretan es mínimo".