Además de una multa de 22,29 millones de euros, el juez José de la Mata requirió a Manuel Fernández de Sousa que afianzase más de 347 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para hacer frente a una eventual sentencia condenatoria por la quiebra de Pescanova SA. Esa pieza se acaba de elevar a la sala de enjuiciamiento -el magistrado Eloy Velasco será el ponente-, pero los bienes embargados al expresidente de la compañía no han sido suficientes para alcanzar esa cantidad. Por eso el magistrado ha declarado la "solvencia parcial" de Fernández de Sousa -al igual que a su hijo Pablo-, pese a tener bloqueados unos 70 bienes, tanto a su nombre como a sociedades mercantiles vinculadas a él. Así consta en el auto dictado el pasado 7 de marzo, que anticipa además una pronta decisión sobre la fecha del juicio toda vez que esta pieza de responsabilidad civil era una de las pocas que quedaban en fase de instrucción.

Las propiedades ya habían sido embargadas a través de distintos decretos firmados entre marzo y octubre de 2015, con lo que el juez ha acordado una prórroga sobre aquellas decisiones. El grueso de los bienes son fincas titularidad de Kiwi España, ubicadas en Tomiño, Tui y O Porriño, aunque también constan participaciones (16,6%) en terrenos de Mérida o El Escorial. La orden recoge también la prórroga sobre el embargo de dos vehículos marca Mercedes, así como las acciones y participaciones en Inverpesca, Inverlema, Sociedad Gallega de Importación y Exportación de Carbones, Sodesco, Servicios Hípicos Pegullal, House-Firm, Astilleros y Construcciones Lagoa, Yatesport, Servicios de Gestión y Exposición Exponáutica y Agropecuaria Zarzalejo. También de cinco embarcaciones, dos de ellas auxiliares.

Sobre el expresidente de la llamada vieja Pescanova pesa una acusación de delitos de falseamiento de información económica, uso de información relevante o estafa, por los que el magistrado instructor ha reclamado una pena de prisión de 30 años. Es uno de los 19 imputados (personas físicas), y ha sido señalado durante la investigación como el principal responsable de la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia empresarial española. Sobre Fernández de Sousa nunca ha pesado ninguna medida cautelar privativa o limitante de su libertad, por eso ha trabajado en el extranjero.