Los años previos a la obtención de la prórroga de la concesión de la fábrica de Ence en Lourizán, que se produjo en enero de 2016, fueron de una especie de lenta agonía para la fábrica pontevedresa. Según las palabras de los entonces responsables de la fábrica, la inversión se limitaba casi al mantenimiento de las instalaciones ante la incertidumbre de si su horizonte de supervivencia no iba más allá de julio de 2018, tal y como estipulaba la anterior concesión.
Aquella "inseguridad jurídica" que se alegaba para no realizar grandes inversiones se esfumó el 25 de enero de 2016 con la obtención de la prórroga de la concesión, por 60 años más, concedida con el gobierno en funciones de Mariano Rajoy. La propia Ence ofreció inversiones por valor de 61 años en materia de eficiencia de la planta (que aseguraban más producción y empleo), así mejoras ambientales y paisajísticas, actuaciones que se ofrecían como mejora a cambio de diez años más de esa prórroga, que en realidad se concedía por 50 años. Ence, en su búsqueda de apoyos, aumentó su apuesta y aumentó la inversión ligada a la prórroga de la concesión con la firma de un pacto ambiental con la Xunta que subía estas aportaciones hasta los 91 millones, incluyendo el plan social a través del cual lleva tres años invirtiendo hasta tres millones de euros anuales en ayudas para colectivos y proyectos en el área de Pontevedra.
El fantasma de esa inseguridad jurídica que parecía desterrada con el anuncio de la prórroga de la concesión en 2016, afloró de nuevo el pasado jueves cuando trascendió la decisión de la Abogacía del Estado de no defender en los tribunales la orden ministerial de la propia administración y que autorizaba a la pastera a permanecer en Lourizán hasta 2073. Una decisión que deja a Ence sola en el proceso judicial en el que se defiende la legalidad de la prórroga.
Por el momento, este hecho no ha variado la hoja de ruta de la pastera en lo que respecta a las inversiones comprometidas en Lourizán. Al menos, en lo que respecta a las más inmediatas, pero la empresa sí que evita ratificar aquellas nuevas de más largo plazo, sin que tampoco las descarte.
El consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, en su alocución por videoconferencia a la plantilla el pasado jueves para comunicar el "arbitrario cambio de postura" de Costas y la Abogacía del Estado en este procedimiento, garantizó a los trabajadores que por el momento se mantienen las inversiones ya comprometidas. Según explican desde la plantilla, en el mensaje era de tranquilidad, dado que la prórroga todavía está en vigor y la empresa considera que es la actual postura de la Abogacía del Estado la que va "contra el ordenamiento jurídico", por lo que confían en que los tribunales ratificarán la legalidad de la concesión. Así, estos compromisos y mejoras ligadas a la prórroga se mantienen y siguen en vigor. También los pactados con la Xunta a través del pacto ambiental y que incluyen el Plan Social que deja unos tres millones anuales a colectivos de la comarca. Mientras la prórroga esté en vigor, serán respetados.
Sin ir más lejos, desde la plantilla señalan que a finales de este mismo mes se mantiene la previsión de realizar la parada técnica anual en la que se va a asumir una fuerte inversión para ejecutar mejoras ambientales y de producción en la fábrica. Concretamente, los planes que publica la propia Ence inciden en que la parada de este año permitirá ampliar la capacidad de producción de la fábrica de Lourizán en otras 20.000 toneladas más.
Aunque la parada técnica de Ence tenía carácter anual, desde la obtención de la prórroga se habían aprovechado para ejecutar importantes actuaciones en materia ambiental y sobre todo de producción. Así, la de 2017 fue clave para ampliar su capacidad de producción en 30.000 toneladas, lo que le llevó a batir el año pasado su récord de producción diaria de pasta de papel.
Fuentes de la empresa confirman que se mantienen las inversiones y actuaciones previstas para esta parada técnica, así como las ya comprometidas en sus distintos acuerdos, pero reconocen que en el caso de las actuaciones recogidas en el nuevo plan estratégico 2019-2023 no pueden decir nada en estos momentos. "Habrá que esperar" a ver como evoluciona el proceso judicial, matizan. Según ese documento, la compañía tenía previsto invertir entre 60 y 110 millones a mayores en los próximos cuatro años para mejorar la eficiencia, capacidad de producción y fiabilidad ambiental de la biofábrica de Pontevedra.
En su comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores informando de cuál sería el "peor escenario posible" que pudiera surgir a raíz de este proceso judicial abierto, Ence ya adelantaba de que un cese total de la actividad en la fábrica de Pontevedra obligaría a la sociedad a reformular este Plan Estratégico, pero que aún sin Pontevedra serían capaces de mantener los objetivos fijados en el mismo.
