El Ministerio de Transición Ecológica confirmó ayer que prepara la convocatoria de una nueva subasta de interrumpibilidad, la cual se celebrará en mayo y estará vigente en el segundo semestre de este año.
El departamento de la ministra Teresa Ribera entiende esta decisión como una medida de apoyo a la industria de gran consumo energético, en particular a compañías en problemas como Alcoa, cuya viabilidad depende de encontrar un inversor antes del próximo 1 de julio.
La iniciativa resulta inesperada y más después de que el ministerio recibiese una amonestación de la UE tras la anterior subasta de diciembre al considerarla un sistema público de ayudas encubiertas a las empresas. El Gobierno sostiene que la puja de mayo será "la última con el sistema normativo actual".
La subasta de interrumpibilidad se basa en que las fábricas adjudicatarias reduzcan o suspendan su consumo de energía cuando el sistema no logre atender la demanda, o cuando salga más barato recurrir a este recurso que dar entrada al pool eléctrico a fuentes de generación más caras -para abaratar la factura del consumidor final-, a cambio de compensaciones, con lo que reducen su factura energética.
En paralelo a esta nueva convocatoria, el Ministerio de Transición Ecológica trabaja junto a Industria con la otra gran herramienta de la que depende en buena medida la llegada de un comprador para Alcoa: la elaboración del estatuto electrointensivo, una marco legal que impulse la competitividad de las empresas con una alta dependencia energética.
