La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar se ha allanado en el recurso sobre la prórroga de Ence. Es decir, que el Gobierno socialista no defenderá el aumento de la concesión por 60 años dictada el 20 de enero de 2016 y respalda así los recursos interpuestos por el Concello de Pontevedra, la Asociación por la Defensa de la Ría y Green Peace.
En dichos procedimientos, los demandantes invocan como causas de impugnación el tiempo de la prórroga y la ubicación de la pastera. Sobre el plazo otorgado por el Ejecutivo de Rajoy, un informe de la Abogacía del Estado destaca que la duración máxima para una concesión está limitada a 75 años desde su aprobación inicial. La celulosa inició su actividad en 1958, así que su permiso administrativo expiraría en 2033. Por lo tanto, la prórroga otorgada en 2016 debería ser de 20 años y no de 60.
Con respecto a la ubicación de la fábrica, el informe establece que tan solo podrán continuar en dominio público marítimo-terrestre "aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación". Una realidad que, según la Abogacía del Estado, no se ajusta a la de la pastera.
Por su parte, Ence ha respondido esta mañana que "seguirá defendiendo en los tribunales la validez" del aumento de la concesión. Denuncia que la administración central se allanase el pasado viernes en en los tres procedimientos y considera esta posición "un cambio de criterio" que solo se "explica en clave electoral". En una nota critica que "es sorprendente que dé argumentos contrarios a los que ha defendido hasta la fecha, cuando hasta hace nada estaba defendiendo la absoluta legalidad de la orden ministerial que otorgó la prórroga".
La pastera advierte además que si dicho allanamiento es aceptado "podría provocar una fuerte destrucción de empleo en toda Galicia" y apunta que 5.100 familias dependen directa e indirectamente de su actividad, que implica al 30% de los trabajadores del sector forestal en la comunidad. "La planta dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte (cada día 300 camiones entran en la fábrica y la celulosa de Ence supone la mitad del tráfico del Puerto de Marín ya que se exporta el 95% de la producción), así como más 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia que dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra", destaca la sociedad en un comunicado.
"El sector forestal del noroeste de España se verá muy afectado por una fuerte bajada de precios provocada por la caída de la mitad de la demanda, lo que afectará a las más de 200.000 familias productoras forestales", continúa.
Además, la fábrica destaca en su comunicado que "se comprometió con la prórroga de la concesión en 2016 a acometer inversiones por 71 millones de euros de los que están realizadas más de 40 millones y comprometidas otras 10 millones, de lo que se informa regularmente a la Dirección General de Costas Además se comprometió a un programa de inversiones en Galicia por otros 47 millones de euros, y un plan social en Pontevedra de 3 millones al año durante la permanencia de los 60 años de concesión, que se está cumpliendo".
Y añade: "En el Plan Estratégico 2019-2023, presentado el pasado mes de noviembre, Ence anunció una inversión de 350 millones de euros durante los siguientes cinco años en Pontevedra, lo que generará aún más empleo".
Una diligencia de la Audiencia Nacional establece que Ence dispone de un plazo de cinco dias para interponer un recurso de reposición.
