La CEOE ha aprobado un documento de propuestas de cara a las elecciones generales, en el que pide a los partidos una reducción de la presión fiscal de las empresas y el mantenimiento de reformas estructurales, como la laboral. El documento que ha recibido el visto bueno de la junta directiva de la patronal recoge que la presión fiscal empresarial (que incluye impuestos más cotizaciones sociales) está por encima de la media europea, por lo que aboga por rebajas o eliminación de impuestos y reducciones en las cuotas empresariales.

Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, apuesta también por un incremento de la edad de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida y por que el Estado asuma los gastos de carácter no contributivo, "lo que permitirá una rebaja del tipo de cotización a cargo del empresario que redundará en un aumento del empleo". Además considera necesaria una gestión eficiente y eficaz de las prestaciones y la reforma de un marco regulador de la previsión social complementaria, con incentivos fiscales y la colaboración público-privada y de fondos y seguros privados.

En materia fiscal, pide eliminar la limitación para que las empresas puedan deducirse las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, corregir la doble imposición con la exención total de dividendos y ganancias patrimoniales y aplicar incentivos fiscales a inversiones que impliquen creación de empleo. Además, también aboga por suprimir muchos impuestos autonómicos.

Respecto a nuevas figuras impositivas, la CEOE apuesta por evitar la introducción sobre todo si afectan a determinadas empresas y sectores, en cuyo caso pide que se compense con una deducción íntegra del impuesto de sociedades y otras tasas fiscales.

También aboga por no limitar la subcontratación, por configurar un sistema de contratación claro y sencillo que atenúe la dualidad entre temporal e indefinido, mejore las condiciones del tiempo parcial.

La CEOE aboga por precios energéticos de gas y electricidad para las empresas "adecuados", la puesta en marcha de un plan de nuevas infraestructuras con más de 100.000 millones de euros de inversión y otro de conservación de la red viaria de 7.200 millones. Todo ello en un informe con más de un centenar de propuestas.