Quedaban pocas dudas ya, pero el Gobierno ayer admitió abiertamente que el intento de su contrarreforma laboral se quedará en eso, en un intento. Por "prudencia" y por "realismo", como dijo la ministra de Trabajo, MIgraciones y Seguridad Social, el Ejecutivo "tiene que saber el terreno que pisa y adecuarse a la situación". Y no hay ni margen temporal ni un escenario político favorable para sacar adelante un real decreto ley para cambiar "los aspectos más lesivos" de la reforma de 2012. "No íbamos a contar con suficientes apoyos en la Comisión Permanente, tal y como hemos visto con el tema de pensiones", indicó Magdalena Valerio, tras asegurar que el Ejecutivo sopesó "los pros y los contras" de hacerlo. Para compensar en parte esa decisión final, el Consejo de Ministros, como ya hizo la pasada semana, sí dio el visto bueno ayer a otra batería de "medidas urgentes", esta vez "de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo". Entre ellas destaca el registro obligatorio en las empresas de los turnos de los trabajadores para perseguir el exceso de las horas extra y el efecto que tiene tanto en la creación de menos puestos de trabajo como en recaudación por cotizaciones.

Una vez que entre en vigor tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista en principio para el próximo martes, las empresas dispondrán de dos meses para instalar el control de jornada, "que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización" para cada empleado, "sin perjuicio de la flexilibidad horaria establecida en el Estatuto de los Trabajadores". Habrá que conservarlo durante cuatro años. Además de garantizar el cumplimiento de los límites legales del horario -no más de 40 horas semanales-, "se posibilita el control por parte de la Inspección de Trabajo" y "facilitar la resolución de discrepancias en cuanto a la jornada y, por tanto, sobre el salario".

La mitad de los gallegos trabaja 40 horas o más, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Galego de Estatística (IGE). El 6% de los más de 870.00 asalariados hace horas extra más allá de su jornada. ¿Cuántas? Pues alrededor de 373.000 semanales. Pero el 51% no se paga y equivalen a 4.700 empleos.