21 de febrero de 2019
21.02.2019

Fernández Andrade, solvente a medias

Elevada a enjuiciamiento la pieza de responsabilidad civil sobre el hijo del expresidente de Pescanova SA

21.02.2019 | 01:29

El juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ha sido el encargado de la investigación del colapso de Pescanova SA, ha dictado el auto de solvencia parcial de uno de los principales imputados: Pablo Fernández Andrade. Se trata del hijo del expresidente de la multinacional Manuel Fernández de Sousa, que ocupó en la compañía los cargos de director general de Área y de consejero. Sobre el exdirectivo pesa una fianza en concepto de responsabilidad civil de más de 207 millones de euros, a fin de compensar a los perjudicados en caso de una sentencia condenatoria. En tanto ya se le habían embargado fondos localizados en Andorra (tres cuentas en euros, libras esterlinas y dólares por 1,22 millones de euros, al tipo actual de cambio), el juzgado a procedido a dictar este auto y elevar la pieza de responsabilidad a la fase de enjuiciamiento (la misma en la que está la pieza principal, pendiente de fecha para el juicio). "De lo actuado se desprende que solo han quedado aseguradas una parte de las responsabilidades exigidas, por lo que procede declarar la solvencia parcial del requerido, sin perjuicio de lo que proceda si en un futuro mejorara de fortuna", expone la sala, en un documento fechado el 6 de febrero y al que ha tenido acceso este periódico. Al margen del procesamiento de Fernández Andrade dentro del caso Pescanova, también está imputado en la pieza separada -al igual que su madre y su hermano- por un presunto delito de blanqueo de capitales (o alternativamente alzamiento de bienes).

El mismo juzgado ha ordenado el embargo preventivo de los bienes de Inverpesca SA, imputada en el procedimiento que instruyó José de la Mata (cogió el testigo de Pablo Ruz) y de la que Fernández de Sousa es administrador único. La compañía no presenta cuentas desde el año 2012, y le corresponde el abono, también en concepto de responsabilidad civil, de una fianza que roza los 162 millones de euros.

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