Una parte importante de la red en Galicia del ya desaparecido Banco Pastor y su antigua matriz, el Popular, dará el salto a la plataforma tecnológica de su nuevo dueño, el Santander, durante este fin de semana. En marzo están previstas otras dos tandas para completar la integración en la comunidad y seguir luego con el resto de España. El grupo presidido por Ana Patricia Botín optó por arrancar el proceso aquí por la mayor complejidad derivada de fusionar tres sistemas y no dos como sucede en la mayoría de territorios desde que el Pastor se convirtió en una marca exclusivamente gallega. Es por eso, por la fuerte presencia del Santander tras hacerse con el Popular y la que fue su filial en junio de 2017, que también el ajuste de oficinas y plantilla en la región será en principio de los más duros en todo el país. No se llevará a cabo hasta que la fusión tecnológica esté acabada. De hecho, ni siquiera hay una convocatoria con los sindicatos para negociar, pero el mayor banco de España prepara un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría rondar los 3.000 efectivos. Los representantes de los trabajadores en Galicia defienden que existe margen de maniobra suficiente para recurrir a prejubilaciones y advierten que no permitirán medidas traumáticas.

Las cifras no son oficiales. El Santander calla. Y a los sindicatos no se les ha trasladado nada. Pero la intención del grupo rondaría esa cifra y el cierre de entre 1.000 y 1.200 oficinas, según adelantó ayer el periódico Expansión. La convocatoria de la negociación será inmediata, ahora que avanza la integración tecnológica y que los sindicatos celebraron las elecciones en el sector, con la intención de cerrar un acuerdo en abril para el que es muy posible que el Santander ofrezca las mismas condiciones del ERE para digerir la absorción en los servicios centrales. De las 1.100 salidas, solo 20 fueron despidos.

Al cierre de 2017, según los datos de la patronal bancaria, el grupo sumaba en Galicia 415 oficinas -171 del propio Santander, 207 del Pastor y 37 que seguían bajo bandera del Popular- y en esos niveles sigue porque los cierres desde entonces han sido "puntuales". La plantilla ronda los 2.200 trabajadores.

"Aquí cabemos todos", asegura Jorge Villarino, secretario xeral de la agrupación del sector financiero en CCOO-Servizos, que insta a que cualquier medida de reestructuración pase por "la voluntariedad". "La vía traumática no es aceptable y, en la medida de lo posible, tiene que ser vegetativa", apunta, en referencia a las prejubilaciones. Villarino recuerda que la reconversión financiera en España ha costado ya "90.000 empleos" y reconoce que el solapamiento de oficinas para el Santander "es mayor aquí y en Madrid que en otras comunidades".

"Es algo que indudablemente tenemos, que vemos si visitamos cualquier pueblo de Galicia, con una oficina al lado de la otra -explica Beatriz Meilán, responsable de la sección sindical del sector financiero en UGT en Galicia-. Es una problemática específica para la que también habrá que tener una solución específica". No ha gustado nada en el sindicato que hayan transcendido las posibles magnitudes del ERE. "Si la empresa está filtrando datos es un acto de irresponsabilidad", critica Meilán.

Tampoco en la CIG hay constancia oficial de cifras. "Suena a globo sonda", dice Rosa Conde, representante en el Popular-Pastor. "Siempre se nos dijo que no habría una tabla rasa para los cierres, que la decisión obedecerá a múltiples factores y estudiando cada caso en concreto -continúa-. La cercanía entre oficinas no es el único motivo". Conde sostiene que hay plantilla "suficiente" para acometer el ajuste con prejubilaciones. "Y también recursos -asegura-. La presentación de los beneficios es la prueba".