Con el mismo telón de fondo y un guión que guarda ciertas similitudes, la Fiscalía Anticorrupción calcó con los sobresueldos de CatalunyaCaixa la misma estrategia que usó y le dio la victoria en las prejubilaciones de Novacaixagalicia. Cuatro de los directivos, todos procedentes de Caixanova, y un abogado asesor acabaron en la cárcel sentenciados a dos años por un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida. El expresidente de la entidad catalana, Narcís Serra, el que fue su director general, Adolf Todó, y los 39 miembros del consejo de administración también acusados resultaron absueltos porque, según el fallo conocido ayer, "no existe comportamiento delictivo ni en los aumentos de sueldo ni en el proceso que llevó a su aprobación".

Aunque la resolución parte de la existencia de esa mejora salarial -dos subidas, concretamente: una, en enero de 2010, por la que Todó pasó de un fijo de 700.000 a 800.000 euros anuales y un variable del 35% al 50%, y la segunda, en octubre, por un total de 120.000 euros- y de que "los sustanciosos aumentos" resultaban "sin duda difícilmente digerible por la población en el contexto en el que se encontraba", dice, en referencia a la grave crisis económica, los magistrados rechazan que eso sea una razón para la condena. Como sí fue en el caso de la caja gallega. "No es en absoluto misión de este tribunal -señala la Audiencia de Barcelona- realizar una valoración moral de las conductas".

Es cierto que hay una diferencia sustancial en las cuantías. La devolución de los antiguos altos cargos de Caixanova ascendió a 14 millones de euros rebajados luego a 10 por duplicar cantidades, con el importante matiz de que el cobro correspondía a las prejubilaciones por su cese en la caja y por tanto el importe, acorde a la indemnización por todos los años trabajados y en función de lo que faltaba todavía para la edad de jubilación, necesariamente tenía que ser mayor. De hecho, la sentencia de los ejecutivos gallegos, juzgados en la Audiencia Nacional y con la confirmación posterior del Tribunal Supremo, dejó la gran paradoja de que uno de ellos, Óscar Rodríguez Estrada, fue condenado por apropiación indebida a pesar de que no tuvo que devolver nada.

Otro de los elementos comunes era la supuesta existencia de un plan urdido en la cúspide de la dirección de las dos cajas para subir las retribuciones en su propio beneficio y con la ocultación a los órganos de decisión. Parte de ellos, los consejeros, sí fueron acusados en CatalunyaCaixa, donde quedó claro que estaban al tanto de las revisiones. Los miembros del consejo de administración de la entonces Novacaixagalicia no se llegaron a sentar en el banquillo, pero sí fueron testigos. La inmensa mayoría exculpó a Rodríguez Estrada, a José Luis Pego, Julio Fernández Gayoso y Gregorio Gorriarán e incluso aseguraron que estaban convencidos de que iban a seguir en la entidad tras la fusión.

El mensaje chocaba con la hipótesis de Anticorrupción de que los altos directivos de Caixanova habían "urdido" un plan para "buscarse una situación todavía más favorable económicamente" ante su previsible salida. En el caso de CatalunyaCaixa, con una acusación muy similar, caló el mensaje de los acusados y de los testigos del Banco de España. "Lejos de pretender causar un perjuicio patrimonial a la entidad, se buscaba el máximo rendimiento y retener al equipo directivo".

En el de Caixanova, donde los antiguos responsables y parte de los peritos insistieron hasta la saciedad en que no había mejoras salariales, sino la adaptación de sus contratos a la fusión con Caixa Galicia, las palabras de Pedro González cayeron en saco roto. El jefe de inspectores del Banco de España llegó a decir que se les facilitaron los contratos, que el supervisor no quería la fusión porque Caixa Galicia estaba "sustancialmente" peor, que claramente contaban con la continuidad de los directivos -fue el Banco de España el que les encargó que pilotaran la fusión- y que las prejubilaciones no afectaban a la fusión. Tampoco se tuvo en cuenta la contundente afirmación del expresidente de NCG, José María Castellano, cuando reconoció que el director general entonces quería seguir y que fue él el que lo echó.