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Dia despedirá a 2.100 empleados en España, el 8% de su plantilla, tras entrar en quiebra técnica

La cadena cuenta en Galicia con casi 1.300 trabajadores en 222 tiendas - Denuncia irregularidades contables ante la Fiscalía

La cadena de distribución Dia despedirá hasta 2.100 empleados en España (casi el 8% de sus 26.693 trabajadores en el país), tras anunciar ayer unas pérdidas de 352 millones en 2018 (frente a unos beneficios de 109 millones en 2017) y un patrimonio neto negativo de 166 millones, lo que ha situado al grupo en causa legal de disolución por quiebra técnica. El plan de ajuste, que afectará a tiendas, centros logísticos y servicios centrales, puede conllevar clausura de establecimientos.

Esta medida, que próximamente comenzará a negociarse con los sindicatos, se abordará en paralelo a la ejecución de un nuevo plan estratégico y a la reestructuración financiera de la sociedad, con una deuda neta de 1.452 millones. Este último objetivo entró esta semana en una situación de incertidumbre, dado que al proyecto que lidera el consejo de administración -en conformidad con la banca acreedora- se sumó el martes un diseño alternativo promovido por el mayor accionista del grupo (el inversor ruso Mikhail Fridman) y que pasa por el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre el porcentaje del capital de la compañía que no controla.

Los despidos se concentrarán solo en España (el grupo tiene presencia también en Portugal, Argentina y Brasil, con unos 40.000 trabajadores en el conjunto de la organización) y solo en dos de las sociedades con las que opera en el mercado nacional: Dia y Twins. Esto supone que el recorte de empleos se limitará a las enseñas Dia Market, Dia Maxi y Cada Dia. En Galicia existen 222 establecimientos -un centenar de ellos son franquiciados-, con una superficie media comercial de 450 metros cuadrados, según la información aportada por la compañía a FARO. A 31 de diciembre el grupo contaba en la comunidad con casi 1.300 trabajadores (969 empleados propios y 322 de sus franquiciados).De los despidos también serán eximidos los dos negocios que están en venta por el grupo: la cadena de perfumerías Clarel (tres tiendas en Galicia, todas en A Coruña) y los cash & carry (centros de distribución mayorista) Max Descuento, sin presencia en este caso en suelo gallego.

La crisis

Distribuidora Internacional de Alimentación (Dia), compañía fundada en 1979, atraviesa por graves dificultades financieras agravadas en el último año con una pérdida de cuota de mercado y una caída de las ventas del 11,3% (3,6% en términos comparables), hasta los 7.288,7 millones, pese a haber aumentado la red con 56 tiendas más que en 2017, hasta las 6.157 en el conjunto de los cuatro países en los que opera, de las que 3.547 son franquiciadas y 2.610, propias.

Borja de la Cierva, consejero delegado de la compañía desde diciembre, afirmó ayer que "2018 fue un año turbulento para Dia, probablemente el más difícil desde la fundación de la compañía hace más de 40 años". Fetico, sindicato mayoritario en el grupo, dijo que intentará reducir los despidos durante la negociación.

La compañía, además, ha denunciado ante la fiscalía las cuentas de la empresa correspondientes a su ejercicio de 2017 tras haber finalizado una investigación forense sobre los hechos que dieron lugar a determinados ajustes contables. Dia, que no aclaró si la denuncia va dirigida contra personas concretas, informó que tomó la decisión como "ejercicio de diligencia, responsabilidad y máxima transparencia".En octubre, Dia reformuló sus cuentas de 2017 y, tras determinar la necesidad de acometer deteminados ajustes contables, afloró un deterioro patrimonial adicional de 56 millones, atribuido en su mayor parte a las operaciones realizadas en su negocio en España.

La memoria de auditoría, difundida ayer, informa de la detección de "prácticas irregulares que habrían sido realizadas por determinados empleados y directivos (incluyendo algunos de los anteriores miembros de la alta dirección del grupo), eludiendo los controles internos". Los hechos denunciados habrían consistido en la "sobreestimación de los descuentos comerciales a percibir de los proveedores en España y Brasil".

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