08 de febrero de 2019
08.02.2019

La inspección laboral refuerza el control en Galicia de los falsos autónomos y las horas extras

El plan de 2018 afloró 5.200 empleos sumergidos - La Xunta intensifica la supervisión y seguimiento de la igualdad entre sexos

08.02.2019 | 02:09

El fraude laboral en Galicia se mide en miles. No es algo exclusivo de las crisis, porque las irregularidades en la contratación siempre han existido, pero sí es cierto que la intensificación del control por parte de las autoridades durante esos años para corregir la situación y, de paso, mejorar los ingresos públicos, desveló la magnitud del problema. Desde entonces se mantiene una supervisión más estricta y, de hecho, la Inspección de Trabajo mantienen en todo el Estado vigente el plan iniciado en 2013 para atar en corto este tipo de ilegalidades. De las 33.800 actuaciones desarrolladas por los inspectores pertenecientes a la Xunta salieron a la luz 5.200 empleos en negro, 1.700 casos de falsos autónomos y 7.900 contratos temporales que realmente se prolongaban en el tiempo y tuvieron que ser convertidos en indefinidos, según los datos desvelados ayer por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello, donde se dio el visto bueno a la estrategia para este año. Se prestará "especial atención" al control de las horas extras, las desigualdades entre hombres y mujeres, además de continuar con la lupa puesta sobre el fenómeno creciente de los falsos autónomos.

El plan, según Rueda, es "específico, ambicioso y reforzado" y se movilizarán "todos los medios propios" para "detectar y corregir prácticas irregulares". Como mínimo se realizarán 34.800 actuaciones -incluidas visitas de oficio-, un 3% más que en 2018. La protección de los trabajadores y la calidad del empleo son "objetivos prioritarios".

En coordinación" con el Estado, las actuaciones de control en materia de prevención de riesgos laborales ascenderán a 7.761; prácticamente la misma cantidad destinada para vigilar las relaciones laborales; otras 10.700 irán a la "persecución de la economía irregular"; y por encima de 7.700 también para examinar que todo está correcto en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social (7.738). "Es un plan ambicioso que se enmarca en la obligación de toda administración para detectar y corregir prácticas irregulares", insistió el vicepresidente.

En el caso de las medidas destinadas a garantizar la seguridad en el puesto de trabajo de las plantillas, un 9% más que las realizadas en 2018, entre las principales novedades están el lanzamiento de una campaña específica sobre trastornos musculoesqueléticos en camareros y la adaptación de puestos de trabajo a mujeres embarazadas. También aumentarán un 9% las actuaciones en relaciones laborales, con el ojo puesto en fraudes en la contratación, la subcontratación y la cesión ilegal de trabajadores. Dentro de este apartado se enmarca la vigilancia de las horas extras, con un 6% más de actuaciones, y las condiciones de trabajo que hay en el sector hostelero.

En el ámbito de la Seguridad Social, el cuerpo de inspectores de trabajo de la Xunta hará hincapié en los falsos autónomos, "que las empresas estén contratando por los salarios efectivamente percibidos" y se incrementará el control sobre las personas que trabajan y, al mismo tiempo, cobran la prestación por desempleo.

Para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, el Gobierno gallego harán campañas para luchar contra la discriminación de acceso al empleo y contra el acoso sexual, además de actuaciones de control en el derecho de la conciliación de la vida familiar y laboral. La Xunta habla expresamente de un "seguimiento de la igualdad efectiva".

Junto al plan de inspección general, la Xunta ha estado llevando a cabo el pasado ejercicio un plan específico para luchar contra el fraude en las empresas y que durante los nueve primeros meses de 2018 permitió la regularización de 3.600 empleos. Los sectores con mayor número de trabajos sumergidos fueron, según la administración autonómica, el comercio, la industria manufacturera, la hostelería y la educación, que coinciden también con las actividades que mayor volumen de contratos y ocupación manejan en la comunidad. Además de las regularizaciones, con motivo de las actas de irregularidad se transformaron en fijos a 3.327 trabajadores eventuales.

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