El comité de empresa de La Naval, de Sestao (Vizcaya), demandó ayer a los grupos del Congreso que los gobiernos central y autonómico se hagan con el astillero para evitar los despidos de sus trabajadores y los perjuicios a los que de forma indirecta trabajan para él.

El secretario del comité de empresa, Juanjo Llordén manifestó tras reunirse con Unidos Podemos que en diez o quince días todos los trabajadores del astillero -en proceso de liquidación- pueden tener su carta de despido.

Así, recordó que existe una solución, que es que el Gobierno central y el vasco "apuesten por el sector naval como un sector estratégico". Para ello solicitaron en su día un informe jurídico a uno de los bufetes con más experiencia en competencia europea, que según Llorden demuestra que es posible comprar un astillero en la fase de liquidación acompañado de un inversor privado con carga de trabajo y un plan de viabilidad.

Por su parte, la ministra de Industria, Reyes Maroto, recordó que la normativa europea impide cualquier rescate público a empresas en crisis, y que la única solución para el astillero La Naval pasa por avanzar en el proceso de liquidación y el interés de posibles inversores.