La causa que investiga el colapso de Pescanova SA ha abandonado el Juzgado de Instrucción casi seis años después del arranque de las investigaciones, entonces con Pablo Ruz al frente de las mismas. El magistrado que lo relevó, José de la Mata, ha elevado las actuaciones a la sala de enjuiciamiento, que será la encargada de dirimir si los 19 acusados deberán cumplir las penas a las que se enfrentan y que, en caso del expresidente de la pesquera, Manuel Fernández de Sousa, ascienden a treinta años de cárcel. Será la sección cuarta de la Sala de lo Penal la encargada de hacerlo, la misma que dictó la sentencia condenatoria por las tarjetas black y que llevó a prisión al antaño todopoderoso Rodrigo Rato. Este paso no supone, eso sí, el fin de todas las pesquisas que rodean el caso. "Hay algunas cuestiones aún en el juzgado, como piezas de responsabilidad civil aún no cerradas o piezas separadas que investigan el dinero de las cuentas de Andorra", apuntan fuentes judiciales. En este último procedimiento el magistrado De la Mata ha imputado a los dos hijos y la esposa de Sousa por un presunto delito de blanqueo de capitales; los 3,5 millones localizados en cuentas a su nombre han sido ya embargados.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal cuenta con los magistrados Carmen Paloma González Pastor, Juan Francisco Martel, Ángela Murillo y María Teresa Palacios. Suya será la tarea también de juzgar la macrocausa de Bankia, que investiga las irregularidades de su salida a Bolsa. "La actividad de la sala ya está más definida ahora, pero todavía no hay fecha" para el juicio. Dentro de un mes se cumplirán seis años desde que Pescanova SA sorprendiera al mercado al solicitar el preconcurso de acreedores; acabaría protagonizando la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia empresarial española, con 3.650 millones de euros de deuda. La complejidad de la instrucción, la cantidad de hechos punibles, la documentación acumulada -más de 16.000 folios- y los requerimientos remitidos al extranjero convirtieron la causa en compleja, lo que explica en gran medida que la instrucción se haya prolongado durante tanto tiempo. Aunque algunas comisiones rogatorias se plantearon en vano: hasta cinco veces trató De la Mata de dar con el exconsejero -y expresidente del comité de Auditoría- Robert Williams, que marchó a su Sudáfrica natal tras ser imputado.

En el auto de apertura de juicio oral el magistrado reclamó para todos los investigados penas de prisión que suman 164 años y medio, fianzas por multas de 33 millones y otras de responsabilidad civil por 760 millones de euros más. En opinión del fiscal Juan Pavía, cuyas conclusiones fueron recogidas íntegramente por el juez instructor, "los acusados, siempre bajo el control último del presidente Manuel Fernández de Sousa, [actuaron] con el conocimiento y aceptación de los demás consejeros acusados, decidieron ejecutar prácticas irregulares [,,,] para seguir obteniendo financiación". Para engañar a la banca y al mercado. "Para sortear esa situación [de quiebra] y seguir obteniendo financiación externa los acusados [...] decidieron conjuntamente ejecutar determinadas prácticas comerciales irregulares a sabiendas de que con ellas agravaban la situación financiera y patrimonial de la sociedad y, por ende, su situación de insolvencia, la cual habrían de ocultar a sus inversores, accionistas, acreedores y al organismo regulador", censuró la Fiscalía en su escrito de acusación. A saber, créditos documentarios con mercancía inventada, red de sociedades instrumentales con un "fin fraudulento" o líneas de factoring con "facturas inexistentes". ¿Qué consiguió la empresa? Declarar una deuda de 794 millones en 2010, cuando realmente ésta rozaba los 3.000; o comunicar al mercado beneficios de 16 millones un año después, y en realidad los números rojos eran de 300 millones.

La lista de imputados la completan los exconsejeros Alfonso Paz-Andrade, José Antonio Pérez-Nievas, Pablo Fernández Andrade y Fernando Fernández de Sousa. También se sentarán en el banquillo Antonio Táboas Moure (exdirector del área Financiera), Alfredo López Uroz (Administración), Joaquín Viña Tamargo (jefe de Auditoría Interna y responsable de consolidación), Ángel González (Contabilidad), Alfonso García Calvo (jefe de servicio), José Manuel Gil (empleado del departamento financiero) y Carlos Turci (sucesor de Táboas y director financiero de la filial Pescafina), además de los acusados de tejer una red de sociedades instrumentales (Camilo Rodríguez González, Javier Fernández Corujeira, Francisco Retamar Docal, Manuel López Rodríguez y Antonio Casas Salmerón). La esposa de Sousa, Rosario Andrade Detrell, está acusada -en la pieza principal- de un delito de alzamiento de bienes, o alternativamente de blanqueo de capitales. Irá a juicio como investigado el socio director de la auditora BDO, Santiago Sañé.