Las compañías auxiliares de Factorías Vulcano, agrupadas en una plataforma para reclamar el desembolso de diez millones de euros en facturas, solicitarán esta semana el embargo preventivo de los bienes del astillero si "en 24 horas" no reciben garantías de pago. Las subcontratas han ejecutado ya el despido de unos 50 trabajadores en los últimos días, según fuentes consultadas por FARO, y el sector teme que se desencadene un "efecto dominó" sobre otras atarazanas gallegas, que dependen también de las auxiliares para cumplir los hitos establecidos en sus respectivos contratos. "Lo que nos preocupa es que las hayan ahogado [por las auxiliares]", remarcan estas fuentes. Las mismas firmas atrapadas por la enésima crisis de Vulcano trabajan para la práctica totalidad de los astilleros de Vigo y Marín, con cerca de una treintena de buques en cartera. "Somos solventes, estamos haciendo un esfuerzo brutal para estar al día con las nóminas y la Seguridad Social", expone uno de los empresarios afectados, integrado en la plataforma. "Aunque lo pasemos mal, queremos reiterar nuestro compromiso con los demás astilleros, que están pagando religiosamente".
Según han expuesto a este periódico, Factorías Vulcano -controlada por la familia Santodomingo, a través de Astilleros La Mecánica- no paga a las subcontratas desde el mes de mayo - "el hito número 8 no lo hemos cobrado"-, aunque la compañía de Teis recibió en octubre un anticipo de la banca con cargo a la entrega del ferri Villa de Teror. A este barco, encargo de Trasmediterránea que tendría que haberse entregado el 28 de junio, le quedan al menos 40 días extra de trabajos a bordo. Pero las auxiliares han advertido que la planificación habría que "renegociarla" en caso de que finalmente se firme el acuerdo para acabar el buque. Tras la cumbre de Santiago, celebrada el 7 de diciembre y en la que todas las partes acordaron un plan de trabajo para terminar la construcción, a las auxiliares se les preguntó si tenían "disponibilidad" para acudir al astillero y finalizar los trabajos. "Pero desde entonces hay gente que se ha ido a Portugal, que ha despedido a gente o ha recolocado a personal en otros astilleros". Así que aquella hoja de ruta, advierten, ya no sirve. Además -continúan- "queremos saber cómo se va a pagar lo que nos deben y lo que falta por hacer".
"Se pueden embargar perfectamente los bienes de una empresa que está en fase de cumplimiento de convenio", explica el abogado Ramón Ozores, del despacho vigués On, Tax & Legal. Así, desde que una sentencia aprueba el convenio de acreedores, la compañía "opera en el tráfico con total normalidad, exactamente igual que cualquier otra, estando obligada a cumplir tanto sus obligaciones del tráfico normal como con lo dispuesto en el convenio. En caso de incumplimiento del convenio los acreedores podrán pedir la liquidación", remarca. Desde el entorno del astillero reiteraron ayer que su intención pasa por presentar la solicitud de liquidación de forma voluntaria esta semana (inicialmente habían apuntado a que la iban a plantear ayer lunes). "La documentación está lista"; la fecha para el punto y final a casi cien años de historia dependerá de la reunión que la Xunta prepara, de nuevo, con todos los agentes involucrados en la construcción del ferri. A este encuentro, que todavía no tiene fecha, quieren acudir las auxiliares. "Si se hace el barco tendrán que hablar con nosotros; si se liquida Vulcano, también".
Desde este jueves, día 24, Naviera Trascantábrica (Trasmediterránea, ahora filial de Armas) podrá cancelar de forma unilateral el encargo del barco por los reiterados retrasos en la construcción del Villa de Teror, de los que la atarazana ha culpado desde a Wärtsilä Ibérica -por errores en los sistemas de propulsión- como a la propia naviera. De momento el buque es, en un 75%, propiedad de Banco Santander. En la operación que permitió in extremis la firma del contrato -el primero que rubricó Vulcano en una década- participaron también Pymar y la Xunta.
