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Faro de Vigo

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La inspección a la gestión tributaria del Gobierno gallego

La retasación de la Xunta de bienes de contribuyentes para cobrar más impuestos dobla la media nacional

El incremento de la Atriga en las propiedades tras revisar las declaraciones duplica la media estatal - En Galicia se presentan más recursos que en Madrid y Cataluña juntas - La Inspección de Hacienda avisa de la alta litigiosidad

Cada balance de la Inspección General del Ministerio de Hacienda a la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) por la gestión de los impuestos cedidos desde el Estado a las comunidades, su principal fuente de financiación junto con la porción de tarta que se llevan del IRPF y el IVA, trae un tirón de orejas. Y van unos cuantos. Hay demasiados enfrentamientos entre la administración autonómica y los contribuyentes por la sobrevaloración de los bienes declarados en las herencias y la compraventa de inmuebles, entre otros gravámenes. Una "elevada litigiosidad", destaca insistentemente el Gobierno central, que acaba con el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEARG), los juzgados convencionales y la propia Atriga dando la razón a los reclamantes en la mayoría de casos. No solo la gallega. Todas las haciendas regionales pasan la lupa a esos bienes para comprobar que el importe presentado por los ciudadanos es el real. La Ley General Tributaria permite el uso de varios medios para llevar a cabo la retasación, por lo que no todas las comunidades emplean el mismo y ni siquiera entre las que coinciden con un sistema idéntico los resultados son iguales. Todo lo contrario. Galicia se sitúa a la cabeza con Extremadura del desfase entre el valor notificado por los contribuyentes y el que surge de la revisión. Esa es la razón de que no haya otro territorio con más recursos de los ciudadanos contra los excesos que, si no se reclaman, permiten a la Xunta elevar sustancialmente su recaudación.

El aumento en 2017 en las comprobaciones de Facenda alcanzó el 61,9%, como adelantó FARO esta misma semana. Frente a los 7.766,2 millones de euros que los gallegos declararon en propiedades para pagar el correspondiente impuesto, la Xunta estimó un valor de 12.571 millones. Ni los sucesivos cambios que el Gobierno gallego ha ido aplicando en el método de valoración para cumplir la oleada de sentencias en su contra por la falta de motivación de las liquidaciones parece que esté dando todos sus frutos. En 2016 el incremento fue muy similar, del 61,5%.

Sí se nota una importante caída en la sobrevaloración, del 75,3% al 61,8%, para los bienes urbanos, básicamente viviendas y parcelas. Facenda pasó de utilizar el polémico baremo de los precios medios barrio por barrio a partir de informes de tasadoras a tirar de los valores catastrales y aplicarles un coeficiente de actualización para adecuarlos a la realidad del mercado inmobiliario. En los bienes rústicos el desfase fue superior al 49% y llega al 73% para el resto de bienes y derechos -por ejemplo, las acciones de una empresa-, en los que el Supremo anuló la fórmula de la Xunta para tributar por ellos.

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Tan interpretativa parece la comprobación de valores que las diferencias entre las comunidades son abismales. La media, calculada por FARO con los datos de las regiones inspeccionadas por el Ministerio de Hacienda en 2017 -solo están fuera País Vasco y Navarra por su modelo fiscal propio-, se sitúa en el 27,9%. El alza de los valores declarados se disparó al 218% en Extremadura y a ese 62% en Galicia. Ya por debajo están Murcia (45%), Comunidad Valenciana (44,6%), Canarias (41%,1%), Castilla-La Mancha (41%), Cataluña (36,4%) y Andalucía (30,9%). Todos estos porcentajes contrastan con el 9% de aumento del valor de las propiedades después de las comprobaciones en Castilla y León; el 12,9% de Madrid; o el 18% de La Rioja.

Del amplio abanico de causas por las que un contribuyente puede protestar por el cobro de un impuesto, la falta de razonamiento en los incrementos del valor de los bienes es la más habitual. Suponen el 82,7% de las quejas presentadas en 2017 en los impuestos cedidos, según los datos facilitados por el Tribunal Económico-Administrativo Regional, encargado de estos conflictos en primera instancia, a la Inspección General del Ministerio de Hacienda. Fueron 4.315, un 4,6% más que el ejercicio precedente (4.126). Teniendo en cuenta todos los motivos, el número de reclamaciones ascendió a 5.217. Se formularon 19,3 por cada 10.000 habitantes. La mayor cantidad de toda España.

De hecho, las demandas ante el TEAR en Galicia son más que las que suman Madrid (3.094) y Cataluña (1.631). Lo que da una idea del nivel de litigiosidad que remarca Hacienda en la Atriga. De media, en el país se presentan 7,4 quejas por cada 10.000 habitantes. Las regiones que están más cerca de la proporción que se da en Galicia son Murcia, con 16,9, y Castilla-La Mancha, con 12,2. Las que arrojan menor conflictividad tributaria son Cataluña, con 2,2 recursos en su TEAR por cada 10.000 residentes, y Baleares, con 3,6.

Solo una de cada 10 reclamaciones en Galicia fueron desestimadas. Más del 80% de las resoluciones da la razón total o parcialmente al contribuyente. Por su peso en la recaudación, sobresalen muy por encima del resto las quejas en Sucesiones y Donaciones y en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con tasas del 84% y el 76%, respectivamente, a favor del ciudadano. Al cierre de 2017 quedaban pendientes de solucionar casi 6.800 reclamaciones.

Por orden del Tribunal Económico-Administrativo, cuando hay falta de motivación en la comprobación de valores la reclamación tiene que ser estimada y volver a realizar la liquidación del impuesto. Es decir, volver a comprobar los valores mientras los plazos legales, que fueron recortados por ley recientemente, siguen corriendo. La Inspección General del Ministerio de Hacienda advierte a la Atriga de los riesgos de prescripción por no actuar con diligencia, teniendo en cuenta los altos índices de resoluciones estimatorias. "Resulta conveniente, por tanto, mantener e incluso incrementar con las debidas instrucciones las medidas, para en su caso, declarar de oficio la caducidad de los expedientes y la ágil notificación de la misma al sujeto pasivo", reclama.

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