El preacuerdo del expediente de regulación de empleo (ERE) que los trabajadores de Alcoa de A Coruña y Avilés votarán el lunes da seis meses de oxígeno a la plantilla para conseguir una alternativa al cierre parcial y la pérdida de empleos. El texto pactado esta semana por los comités de empresa y la multinacional establece el 30 de junio como fecha límite para encontrar una salida, que puede ser la venta a otro productor de aluminio o un acuerdo con una empresa de otro sector para transformar las fábricas en una instalación industrial distinta. Alcoa solo pagará los 40 millones (20 por planta) consignados para reactivar las fábricas si el comprador subroga al total de la plantilla (unos 400 empleados en A Coruña y 300 en Avilés) y recupera las cubas de electrólisis -donde se produce el aluminio primario- para su actividad.

"Grupo Alcoa Inespal estará abierto a la aparición de potenciales inversores que planteen oportunidades de reindustrialización, en paralelo a la gestión de posibles compradores", expone el documento firmado el miércoles por la representación sindical y la dirección de la multinacional. Una portavoz oficial de la aluminera explica que esta posibilidad alude a la posibilidad de que "alguna empresa con sinergias que decida instalarse en estas fábricas (A Coruña y Avilés, o una de las dos) aprovechando las funciones". E

Por su parte, el comité de empresa de Alcoa en A Coruña "no tiene dudas" de que habrá inversores interesados en comprar la fábrica si se regula el mercado energético, y ha advertido que, en caso de que esta posibilidad no se materialice, "los culpables" serán el Gobierno y las distintas administraciones. Así lo planteó ayer su presidente, Juan Carlos López Corbacho, al término de la reunión con el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, al tiempo que avanzó que los operarios de Alcoa continuarán con "la lucha" .