La paga para compensar las pensiones por la desviación de la inflación en 2018 supondrá un abono de en torno a 13 euros de media por persona, una cifra algo inferior por pensión, dado que hay personas que compaginan dos prestaciones. Durante la rueda de prensa para presentar los Presupuestos de 2019 del Ministerio de Trabajo, el secretario de la Seguridad Social cifró el coste de la llamada "paguilla" en 127 millones de euros, que se abonarán a finales de febrero. Lo más significativo, según Octavio Granado, no es la cuantía de la paga, sino el hecho de que se haya recuperado este mecanismo para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones que se había derogado con la reforma del PP de 2013.

El secretario de Estado recordó que la paga no la cobran todos los pensionistas, sino los que generaron su pensión desde 2017 hacia atrás. Quienes se han incorporado al sistema a lo largo de 2018 no la recibirán. La medida suma otro coste adicional de 127 millones para consolidar el desvío en las nóminas, como también recordó la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que espera que la cantidad que finalmente se disponga este año del Fondo de Reserva de las pensiones sea inferior a los 3.693 millones de euros previstos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

"Espero que sea menos por la mayor recaudación de cuotas", apuntó Magdalena Valerio en una rueda de prensa para presentar los Presupuestos de su departamento, en el que ha recordado que, además de fondos procedentes de la "hucha de las pensiones", habrá un crédito de 15.164 millones de euros del Estado a la Seguridad Social para garantizar la equilibrio del sistema, dado que se prevé un déficit del 1,1% del PIB para este año (unos 18.000 millones de euros). Valerio destacó que el Gobierno anterior había previsto sacar en 2018 unos 5.000 millones de euros, y finalmente el Ejecutivo socialista sólo tuvo que utilizar 3.000 millones de euros. En total, el Fondo cuenta ahora con poco más de 5.000 millones.

Sobre la transferencia de 850 millones de euros del Estado a la Seguridad Social, la ministra explicó que se trata de una transferencia finalista que tiene por objetivo que el sistema ingrese 850 millones sean cuales sean los ingresos que procure el impuesto de transacciones financieras, cuya recaudación estaba previsto que se destinara a la Seguridad Social. "Hay que reorientar el trasatlántico de la Seguridad Social", dijo, para volver llevar sus cuentas al equilibrio y para ello ha apelado al acuerdo social y político.