Que el valor de los bienes declarados por los contribuyentes gallegos cambie cuando Facenda pasa la lupa al cobro de sus impuestos entra en la lógica tributaria. Que la revisión acabe con incrementos disparados año tras año ya no lo es tanto, sobre todo si por el medio se impulsan métodos de revisión destinados a acercarse lo máximo posible al importe real de las viviendas, de los coches o de las acciones de una empresa que se venden o heredan. Pero volvió a ocurrir en 2017. De las más de 313.000 comprobaciones realizadas por la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) salió un valor total de 12.571 millones de euros, frente a los 7.766,2 millones que notificaron los declarantes de los principales gravámenes gestionados por la administración autonómica. Es decir, un aumento de casi el 62% -por encima de 4.800 millones de euros-, que derivó en otra oleada de reclamaciones, según el informe de la Inspección General del Ministerio de Hacienda a la Atriga.

A más valor de los bienes, más dinero puede recaudar la Xunta. En el caso de las propiedades urbanas, el alza tras las retasaciones. Es cierto que en 2016 la subida fue muy superior (75,3%), pero, como se declararon más, el importe absoluto crece con fuerza hasta los 2.800 millones. El incremento en los bienes rústicos fue del 49,2% (745,7 millones), muy similar al 51,9% del ejercicio anterior. Y en las valoraciones de otros bienes y derechos -como el capital en sociedades-, la diferencia entre lo declarado y lo comprobado ascendió al 73,3% (1.258,9 millones de euros).

Tampoco hay un mismo incremento en todas las delegaciones tributarias de la comunidad. Mientras en Lugo se sitúa alrededor del 38%, la subida alcanza más del 70% en Ourense y Pontevedra. En Vigo ronda el 62% y un el 64% en A Coruña.

La Inspección General del Ministerio de Hacienda recuerda que durante 2017 la Atriga usó hasta tres métodos diferentes para revisar los valores de los bienes. En las declaraciones anteriores a julio de 2015, la administración gallega echa mano de su polémico sistema de precios medios, inmerso en la polémica desde su creación por las elevadas cuantías fijadas para inmuebles y parcelas en pleno estallido de la burbuja del ladrillo. Para las declaraciones posteriores, la Atriga tira del valor catastral y de un coeficiente de actualización. Y el tercero, para los bienes que no están recogidos en la normativa de los dos métodos anteriores, es un dictamen los peritos.

La falta de motivación de las valoraciones es, precisamente, la razón más habitual en las reclamaciones de los contribuyentes gallegos. Ante la propia administración se presentaron 1.368 recursos de reposición, un 2,7% menos que en 2016. Se tarda de media 12,4 meses en resolverlos y el Ministerio de Hacienda subraya "el elevado" grado de estimación.

Entre las quejas entregadas al Tribunal Económico Administrativo-Regional de Galicia (TEARG), el 83% se debía también a las comprobaciones de valor. Fueron 5.217, lo que supone un repute del 5,7% sobre el año anterior, aunque aún por debajo del récord de 2015 (5.434). Ocho de cada diez acaban dando total o parcialmente la razón al contribuyente y Hacienda deja entrever la cosa seguirá igual después de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que tumba el medio de los valores catastrales para la comprobación porque ni individualiza ni singulariza la tasación de la administración. Tanto el TEARG como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia instan habitualmente a que los peritos de la Xunta revisen in situ las propiedades.