Para el año 2060, y de acuerdo a las previsiones oficiales de la Comisión Europea, uno de cada cuatro habitantes españoles tendrá más de 80 años (la ratio a día de hoy es del 9%). A este dato conviene incorporar uno más, porque para entonces se estima que los recién jubilados cobrarán una pensión durante 23 años de promedio. En resumen: mucha más gente en la nómina de la Seguridad Social, y con pagas que se abonarán durante mucho más tiempo. Es la situación que propició que, en 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy validase una polémica reforma del sistema de pensiones - recomendada desde Bruselas- que incluía el llamado factor de sostenibilidad, por el cual las pagas públicas irían yendo a menos cada ejercicio para evitar el colapso de la caja única. No ha hecho falta que entrara en vigor esta medida -quedó congelada hasta 2023 tras un pacto de los populares con el PNV- porque buena parte de los nuevos pensionistas gallegos se retiraron en 2018 con una paga más pequeña que la de los que se jubilaron un año antes.
La pensión media de alta en Galicia (a falta del dato de diciembre, no disponible de momento) fue de 921,3 euros al mes, superior al importe de las nuevas pagas de 2017 (913,26 euros). Pero esta mejora en los ingresos dejó fuera a muchos gallegos: de las 33.814 personas que empezaron a ingresar una de las prestaciones que ofrece el sistema público (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor familiar), a más de 13.600 se les reconoció una pensión media inferior a los 910 euros mensuales. Así, según la estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuatro de cada diez nuevos pensionistas gallegos cobraron menos que los que se retiraron durante el ejercicio 2017. Los mayores perjudicados fueron los perceptores de una pensión por incapacidad permanente, a los que se les reconoce de manera general un 52% de la base reguladora. Hay más de 70.000 beneficiarios de esta paga; cobran de media 857 euros al mes.
La contracción de las pensiones va de la mano de un mercado laboral más dinámico pero con inferiores cotizaciones, sobre todo en los ocupados de menor edad, de ahí el impacto en las pensiones de incapacidad permanente o viudedad (las gallegas son las más bajas de toda España). Entre las nuevas pensiones que mejoraron su cuantía respecto a 2017 están las de los trabajadores del régimen de autónomos, que de media cobraron diez euros más al mes que los que se retiraron el ejercicio anterior. Galicia es, de hecho, una de las comunidades donde los autónomos pagan más cuota (el 76,8% abona la base mínima, frente al 86% del conjunto del Estado); a más esfuerzo mensual con Hacienda, mejor pensión, aunque este tipo de ocupados declaren al fisco ingresos netos anuales de 9.027 euros (752 al mes).
A la congelación del factor de sostenibilidad se le sumó también la del índice de revalorización, que limitaba la subida de las pensiones al 0,25%. La reforma de 2013, aunque trampeada, nunca fue derogada, si bien el Ejecutivo baraja ahora la subida de la edad efectiva de jubilación a día de hoy de 62,4 años. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que en 2027 será de 64,5 años, que es precisamente la edad efectiva de retiro de la media de los países de la OCDE. Este ejercicio la Seguridad Social gastará 153.864 millones de euros en el capítulo de pensiones, un 6,2% más que el pasado año.
