La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propone cerrar el déficit de la Seguridad Social, que cifra en el 1,4% del PIB, traspasando los gastos no contributivos del sistema al Estado, y con el aumento del tipo de cotización por contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de las asignadas al SEPE (pago por desempleo). Estas medidas elevarían en conjunto el déficit estatal al 2,2% del PIB. El organismo advierte de que en los próximos 30 años el envejecimiento poblacional elevará el gasto en pensiones entre 2 y 4 puntos de PIB, por lo que pide profundizar en la reforma de 2011 con el retraso en la edad efectiva de jubilación y una ampliación del período de la carrera de cotización.

En un informe elaborado sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social, el escenario central de la AIReF pronostica un aumento de 2,8 puntos de PIB del gasto en pensiones para los próximos 30 años por el envejecimiento, aunque contrarrestado por los efectos de la reforma de 2011, el mercado de trabajo, los factores institucionales y el factor de sostenibilidad. Estas estimaciones se han realizado en función de un pronóstico de un flujo de entradas netas para el promedio de 2018-2050 de 270.000 inmigrantes y una natalidad de hasta dos hijos por mujer en 2050, con un incremento de la esperanza de vida de hasta 87 años.

Ante este aumento del gasto, AIReF aboga por profundizar en la edad efectiva de jubilación en España, de 62,4 años, inferior a la media de la OCDE (64,3 años), lo que obliga, según el organismo, a endurecer los criterios para la pensión anticipada y ordinaria.

La aplicación del índice de revalorización de las pensiones, en ausencia de medidas de incremento de ingresos, hubiera supuesto una revalorización del 0,25% durante todo el periodo de referencia, con una contención de 2,1 puntos de PIB en el gasto, por lo que si finalmente se elimina, fuentes del organismo consideran fundamental una alternativa por el "problema de sostenibilidad" a partir de mediados de la próxima década.