Rodrigo Rato Figaredo desplegó ayer la estrategia con la que intenta evitar la que sería su segunda condena de cárcel: responsabilizar a las autoridades políticas y a los organismos reguladores, especialmente al Banco de España, del proceso que condujo primero a la creación de Bankia, luego a su cotización en Bolsa y finalmente a su rescate con dinero público, con pérdidas multimillonarias para los contribuyentes y para miles de accionistas. Ante el tribunal que le juzga a él y a otros 33 encausados por el fiasco de la operación bursátil (entre los que no hay ningún responsable de las instituciones supervisoras), Rato enfatizó que el Banco de España "lo autorizó todo". "Era quien nos decía 'haz esto o haz aquello'", expuso el también exministro de Economía.

Tras pasar las Navidades en la prisión madrileña de Soto del Real, donde cumple condena (cuatro años y medio de privación de libertad) por el caso de las tarjetas opacas, Rato salió ayer del centro penitenciario para declarar en el juicio sobre la salida a Bolsa Bankia, en el que se enfrenta a una petición de cinco años de la Fiscalía por un presunto delito de estafa a los inversores. El expresidente del banco y de Caja de Madrid respondió, en ocasiones con tono altivo e irónico, a las preguntas de la fiscal Carmen Launa.

"El Banco de España conocía perfectamente las tripas de Bankia, donde tenía a quince inspectores de manera permanente", expuso Rato a propósito del conocimiento que tenía el supervisor financiero, entonces dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre la situación de la entidad. La presunción de que las cuentas del banco estaban manipuladas y que no reflejaban su realidad cuando en 2011 se ofreció la compra de acciones a los inversores, muchos de ellos pequeños ahorradores, es el fundamento medular de la acusación de estafa.

"El Banco de España nos decía lo que teníamos que hacer", respondió en otro momento. Según la versión de Rato, la fusión de Caja Madrid y de otras seis cajas, entre ellas la valenciana Bancaja, se acometió por petición del supervisor. Al igual que la fusión, añadió, la salida a Bolsa "no fue una decisión empresarial, sino legal", de la que eran "totalmente partidarios" tanto el Banco de España como el Gobierno de entonces, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. La línea de defensa de Rato se basa en que los requisitos de capital que el Ejecutivo, a través de varios decretos, y el regulador fueron exigiendo a las cajas de ahorros para hacer frente a la crisis financiera no habrían dejado más salida que la integración (primero a través de la llamada "fusión fría" o SIP y luego mediante la bancarización) y la captación de capital en Bolsa.

Rato argumenta asimismo que las autoridades no cuestionaron en ningún momento la viabilidad de Bankia. "En dos años y tres meses que he sido presidente de Caja Madrid y de Bankia, el Banco de España no me ha requerido nunca que estuviéramos incumpliendo sus recomendaciones", dijo. Y añadió en otro momento que la misma institución "me comunicó oficialmente su opinión de que Caja Madrid y las otras seis cajas eran perfectamente viables". Un informe inspectores del Banco de España incorporado al proceso judicial alerta de que Bancaja presentaba dificultades para generar recursos con los que sanearse y mantener su solvencia. Rato respondió a la fiscal que no tuvo derecho a ese informe.