La banca española vive en un eterno retorno desde el estallido de la crisis. Es cierto que la cuenta de resultados vuelve a dejar beneficios suculentos, pero el negocio sigue muy asfixiado por las dificultades para sacarle partido a la actividad tradicional de captar depósitos y conceder crédito ante los históricamente bajos intereses. Eso cambiará en breve, cuando el Banco Central Europeo lleve adelante su esperado giro en la política de los tipos. Pero sobre el sector merodean otras amenazas para la rentabilidad tan o más peligrosas, sobre todo el endurecimiento del colchón de los recursos propios obligado por las nuevas normas financieras y, por supuesto, la entrada de nuevos competidores, personalizada en las grandes tecnológicas. Ahí se enmarca la fusión que exploran Unicaja y Liberbank y el nuevo ajuste de red y personal que se avecina en grandes grupos como Caixabank y Popular, dos de las entidades con más presencia en Galicia. Superan entre ambas las 400 oficinas.

Caixabank acaba de anunciar a los sindicatos su intención de llevar adelante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) dentro de su nuevo plan estratégico hasta 2021, con una reducción del 18% de sus sucursales que podría llevarse por delante alrededor de 2.000 empleos. Echará el cierre de 821 oficinas urbanas para "avanzar en su transformación", pensando en la digitalización de la atención al cliente. "La dirección ha desplegado toda la artillería pesada", se queja UGT en declaraciones recogidas por Europa Press. La negociación comenzará el próximo día 10 y los representantes de los trabajadores advierten que no tolerarán "otra vuelta de tuerca más a nuestros bolsillos y condiciones laborales". La entidad disponía a cierre de 2017 de 190 oficinas en Galicia y alrededor de 1.300 trabajadores.

Muy pronto empezarán también las conversaciones entre los sindicatos y los responsables del Santander para acometer la reestructuración de la red. Ya el pasado año el banco presidido por Ana Patricia Botín acometió el ajuste de los servicios centrales tras la integración del Popular-Pastor a través de un ERE para algo más de 1.000 empleados, de los que alrededor de un centenar estaban ocupados en Galicia. Bajo las dos antiguas marcas hay casi 250 oficinas en la comunidad -y por encima de 1.000 empleados-, a las que hay que añadir las 171 del Santander. Hay elecciones sindicales en el banco en febrero y en principio se esperará a que se celebren para abrir el diálogo, según publicó recientemente Cinco Días.

Galicia fue una de las comunidades más afectadas por el ajuste de oficinas derivado de la crisis. Hasta el pasado septiembre quedaban 1.540 tras la clausura de 38 desde el mismo mes de 2017, según los datos del Banco de España. Desde hace ya un año la red bancaria gallega está en niveles de 1978. Desde el máximo de 2008, con 2.539 sucursales, se cerró el 40%.