Alcoa se sentó ayer, por primera vez, con el Gobierno en la mesa tripartita con la que políticos y sindicatos pretende buscar una solución para las plantas de A Coruña y Avilés (Asturias) en caso de que la multinacional estadounidense eche definitivamente el cierre. La multinacional al se avino a participar, tras reiteradas convocatorias y ausencias en las últimas semanas, y una vez reducido el número de participantes. Ya no están en ella miembros de los dos gobiernos autonómicos (la Xunta y el Principado) ni locales (los ayuntamientos de A Coruña y de Avilés).

Fuentes ministeriales se limitaron a apuntar que se trata de un encuentro más "de las muchas reuniones que se celebran a diario para ayudar a resolver los problemas de algunas industrias y comarcas, como se ha logrado con el caso de Vestas" [el Ejecutivo propició la venta de la planta de León de aerogeneradores para mantener los 370 empleos directos]. La compañía, por su parte, incidió en que se trata de "un canal de comunicación con el Ministerio de Industria y los representantes de las federaciones de industria de los sindicatos mayoritarios" y pidió discreción "en favor de la pura eficiencia de las conversaciones". Alcoa también sostiene que, "independientemente, mantiene una comunicación fluida con las distintas instituciones implicadas en los diferentes niveles y ámbitos".

Los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) que Alcoa tramita para clausurar las fábricas de aluminio de A Coruña (con 367 empleos directos) y Avilés (317 efectivos) valoran que la aluminera acceda ahora a dialogar con el Gobierno y los sindicatos pero piden que las conversaciones no se queden en una mera puesta en escena.

Ahora Red Eléctrica de España comunicó ayer el número de bloques que se subastarán en la puja de interrumpibilidad que se celebrará a partir del lunes en Madrid, y en la que participarán firmas electrointensivas como Alcoa o Ferroatlántica.