Economía y empleo van de la mano. Se retroalimentan entre ellos y si la actividad marcha bien, lo lógico es que también el mercado laboral mejore. España sufrió entre 2008 y 2013 una profunda crisis que destruyó casi 4 millones de puestos de trabajo y disparó la tasa de paro al 27%. En Galicia llegó a superar el 23%. La doble recesión se llevó por delante en la comunidad alrededor de 200.000 ocupados. Tanto aquí como en el conjunto del país, 2014 marcó el punto de inflexión. El Producto Interior Bruto (PIB) retomó la senda del crecimiento y la sangría en la actividad echó el freno. Por pura necesidad, para aliviar el cada vez mayor déficit público por la caída en picado de la recaudación, y para atar en corto el problema de la economía sumergida, el Gobierno activó en abril de 2012 un plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social que se ha ido prolongando y reforzando desde entonces. La labor de la Inspección de Trabajo afloró en Galicia casi 4.300 empleos en negro durante 2017 -a una media de 12 cada día- y forzó la conversión en indefinidos de 4.859 ocupados contratados temporalmente a pesar de que su tarea se mantenía en el tiempo.
"El mantenimiento de las políticas sociales propias del Estado de Bienestar exige mejorar la eficacia y la eficiencia en la gestión de ingresos y los gastos públicos y, por extensión, que todos aquellos que tienen derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico cumplan leal y rigurosamente sus obligaciones, también en el ámbito socio-laboral", defiende el organismo en su balance del pasado año. Los buenos resultados cosechados desde el inicio del plan antifraude animaron a la Inspección de Trabajo a intensificar las medidas emprendidas y "potenciar varios elementos considerados esenciales" en la lucha contra la lacra de las irregularidades laborales. Sobre todo la cooperación entre administraciones, la aplicación de las nuevas tecnologías de forma "extensiva" e "intensiva" para mejorar el control y "la atención especial a comportamientos fraudulentos que, sin ser nuevos, ponen de manifiesto un cambio de tendencia en los patrones de fraude".
Es lo que la propia Inspección llama "minería de datos" o "exploración de datos": se localizan patrones de fraude a partir "del procesamiento y cruce masivo de información" gracias a una herramienta creada en 2015 que ayuda a optimizar los recursos del sistema y la actuación inspectora.
De la delegación de la Inspección de Trabajo en Galicia salieron 31.473 órdenes de servicio durante 2017, alrededor de 300 menos que el ejercicio anterior. La mayoría, 9.763, se orientaron al ámbito de la economía irregular y extranjería. Otras 8.129 fueron para rastrear ilegalidades contra la Seguridad Social. Algo más de 6.900 órdenes estuvieron vinculadas a la prevención de riesgos laborales; y 5.000 por posibles problemas alrededor del empleo y las relaciones laborales.
De las 43.400 visitas, comprobaciones y expedientes administrativos abiertos el año pasado en la región, los inspectores detectaron 4.228 infracciones, un número muy similar al de 2016 (4.205). Las sanciones rondaron los 13,3 millones de euros, a lo que hay que sumar los 49,6 millones de euros del importe de los expedientes liquidatorios. O, lo que es lo mismo, la recaudación que se intentó defraudar. En este caso sí hay una diferencia sustancial con el año precedente, una reducción del 23%, frente a los 64,3 millones logrados en 2016. Los inspectores emitieron 11.435 requerimientos para subsanar situaciones ilegales.
En materia de Seguridad Social las infracciones ascendieron a 2.293. Es de esta área de donde proceden los ingresos inducidos por la labor inspectora, que encontró 3.446 trabajadores que no estaban dados de alta: 1.441 en la provincia de A Coruña, 1.213 en la de Pontevedra, 473 en Ourense y 319 en Lugo. En 2016 fueron 4.329, un 26% más.
153 extranjeros sin permiso
Dentro de la batalla contra la economía irregular destacan también los 153 extranjeros que estaban ocupados en la comunidad sin ningún tipo de permiso. La mitad de ellos, en Pontevedra. A ellos se suman los 658 empleados a tiempo parcial pero que realmente estaban trabajando en jornadas un 50% más largas de lo que ponía su contrato. En otros 405 de horario reducido el incremento no superaba ese 50%.
La temporalidad es uno de los principales males del mercado laboral español en la actualidad, que crece sobre todo por la precarización de los contratos. Desde la activación del plan de lucha contra el fraude, la revisión del personal eventual ha concentrado mucha de la atención en los resultados. Los efectos de movilizar a los inspectores son más que evidentes. En 2011, la Inspección ordenó la conversión en fijos de 1.972 empleados temporales en Galicia. En 2012, cuando empezaron a endurecerse los controles, el número aumentó un 27%, hasta los 2.512.
En todo este tiempo que va de plan antifraude, la conversión en indefinidos por orden de los inspectores se disparó un 146%. En 2017 fueron 4.859, el máximo histórico. Uno de cada diez contratos eventuales transformados en fijos en la comunidad se debe a la Inspección. El acumulado de conversiones desde 2012 se sitúa en 21.772.
