La Xunta enviará una circular de "buenas prácticas" a los concellos para instar a que se agilice la apertura de nuevas estaciones de servicio. La medida serviría para favorecer la competencia dentro de la comunidad autónoma y provocar así un descenso en los precios que han llevado a que los gallegos paguen 30 millones más al año antes de impuestos que la media española. Entre los aspectos clave que recoge la guía elaborada por la Comisión Galega da Competencia (CGC) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encuentra que los polígonos industriales y centros comerciales podrán disponer de al menos una estación de servicio o que los usos del suelo para estas actividades serán "compatibles" con la instalación de gasolineras. "Hay bastantes solicitudes de estaciones de servicio que no están siendo autorizadas en este momento por los concellos", criticó ayer Alberto Núñez Feijóo tras el Consello do Goberno Galego. Junto a esta medida, la Administración gallega inició ya la tramitación del nuevo decreto que simplificará los trámites administrativos para nuevas aperturas.
Cuatro años después de que Galicia pidiese a la CNMC que investigase los precios del gasóleo y cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anuncia la prohibición de la venta de vehículos de combustión para 2040, la Xunta ha presentado las primeras medidas para evitar que los gallegos paguen un sobrecoste. Aunque desde la Federación Gallega de Estaciones de Servicio (Fegaes) se asegure que el número de gasolineras es suficiente para la comunidad -achacan al céntimo sanitario el alza respecto a España pese a que en Galicia el litro es más caro que en las demás autonomías que aplican el mismo gravamen-, Competencia admitió este año que la situación "no es normal" y que en Galicia "hay pocos operadores", además de un excesivo peso de las principales distribuidoras (Repsol ya no puede abrir más gasolineras al superar el 30%).
La Xunta quiere ponerle freno a la escalada de precios y junto a la CNMC ha elaborado esta "guía de buenas prácticas" para aumentar el número de gasolineras. Feijóo indicó ayer que el texto que busca "eliminar todos los obstáculos detectados en los últimos años" ya fue presentado a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y que ahora será remitido a los Concellos. En su comparecencia especificó algunos de los puntos más importantes que recoge, como que los usos del suelo para actividades comerciales e industriales son "compatibles" con la instalación de gasolineras; que los centros comerciales y polígonos industriales podrán incorporar, al menos, una estación del servicio; que el otorgamiento de las licencias municipales para estos establecimientos llevará implícita la concesión de las que fuesen necesarias para la instalación de suministro de productos petrolíferos, o que la normativa municipal "no debe contradecir la Lei del sector de hidrocarburos".
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Con la implementación de estas medidas la Xunta persigue que se impulse la instalación de más gasolineras low cost, ya que según Feijóo allí donde abre una de estas estaciones de servicio se abaratan los precios de las gasolineras cercanas.
Por otro lado, el decreto que ya había sido anunciado y que prepara la Xunta tiene como principal novedad que para figurar en el registro se formalizará mediante la comunicación previa, sin que sea necesaria la autorización. Así, pasará a tener carácter declarativo, como recomienda la circular, lo que permitirá agilizar el proceso.
Precios
El último informe publicado por la CNMC sobre el precio de los carburantes -de septiembre- recoge que "Ourense, Lugo y Pontevedra fueron las provincias peninsulares con los precios de venta al público [de gasóleo] más altos". Según los datos que recoge diariamente el Ministerio para la Transición Ecológica, para un conductor de Pontevedra llenar el depósito medio de un coche diésel (55 litros) costaba ayer 70,6 euros, mientras que hacerlo en una estación de servicio de Zamora o León reduciría el precio a 67,3 o 66,5 euros respectivamente. La principal diferencia entre Castilla y León y Galicia está en el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (Ivmdh, el céntimo sanitario), que grava el consumo con 4,8 céntimos por litro. La Comunidad Valenciana comparte ese gravamen -el más alto entre las comunidades que lo aplican en España- y, sin embargo, repostar ayer allí supondría 69 euros.
La diferencia entre el precio de ambas comunidades que aplican el mismo impuesto es lo que provocó que la CNMC entendiera como anormal la situación en la comunidad gallega.
