La creación de un ministerio que aúna las históricamente enfrentadas competencias de medio ambiente y energía y el fichaje de Teresa Ribera, reconocida experta en cambio climático y uno de los nombres que se barajaron en 2016 para, precisamente, hacerse cargo de la secretaría general de la ONU en esta área, anticiparon el lugar que la economía sostenible iba a tener en la agenda pública de este Gobierno. Desde entonces, España ha vuelto a posicionarse del lado de los países con los objetivos más ambiciosos en la negociación en Europa de los objetivos de renovables y el calendario de la descarbonización. En esa estrategia se enmarca la polémica decisión de elevar la presión fiscal sobre el diésel a partir del próximo año y la intención de eliminar todos los combustibles fósiles de la carretera a partir de 2050.

Es la medida estrella de la futura ley de cambio climático y transición energética, que contempla la prohibición de las ventas y matriculaciones de los vehículos de gasóleo, gasolina e incluso los híbridos y los alimentados por gas ya en 2040. Toda una revolución a medio plazo que representa "un hito a nivel internacional" para la ministra y activa la cuenta atrás a la reconversión de la industria del motor.

España emitió 338,8 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) en 2017, loque supone un incremento del 4,4% sobre el ejercicio anterior. El país contamina más que en 1990. ¿Cuánto? Casi un 18%. La norma conocida ayer, todavía en fase de borrador y con la intención de que llegue al Congreso antes de fin de año, aspira a reducir las emisiones un 20% en 2030 -tanto como lo gases que suman hoy industria, agricultura y ganadería- y hasta un 90% en 2050. Y el transporte es el sector más contaminante, del que sale una cuarta parte de todas las emisiones.

Por esa razón en la fotografía que Transición Ecológica hace de la movilidad de aquí a mitad de siglo no hay espacio para los turismos y vehículos comerciales ligeros que desprendan directamente dióxido de carbono. Solo está contemplado el coche eléctrico, para lo que será necesario armar una red de recargas donde hoy están las estaciones de servicio.

Mucho antes, desde la entrada en vigor de la ley, no habrá más autorizaciones para sondear la explotación de hidrocarburos, tampoco de gas con la discutida técnica del fracking, y las licencias actuales caducarán, como muy tarde, en 2040. Cualquier incentivo a un consumo energético que no sea renovable quedará prohibido y el sector público se deshará de sus participaciones en negocios o empresas vinculados a los combustibles fósiles.

Para todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes será obligatorio disponer de "zonas de bajas emisiones" con las que actuar en picos de elevada contaminación. El Gobierno quiere que entre 2021 y 2030 se rehabiliten por año unas 100.000 viviendas de media con criterios de eficiencia energética, por lo que también dará ejemplo con la renovación de los edificios públicos, sin rastro de consumo a partir de carbón en 2050.

"Planteamos una ley que da señales claras y predecibles a los inversores y al resto de agentes económicos del modelo de desarrollo descarbonizado al que se dirige España", aseguraba ayer Ribera, que defiende que las propuestas recogen un "sentir unánime" de la sociedad ante la lucha contra el cambio climático, un problema, recuerda, en el que el país es "altamente vulnerable". "La transición hacia una economía neutra en carbono en 2050 generará progreso y empleo estable y de calidad -apunta la ministra-, y presenta grandes oportunidades económicas que España debe aprovechar".