Hubo un punto de inflexión en el mercado del motor en España en agosto, en la víspera de las entrada en vigor de la nueva, y más dura, normativa de medición de las emisiones de los coches. Las ventas se dispararon. Lo hicieron un 40% en Galicia, una comunidad muy dependiente del diésel, aunque el cerco de los últimos meses a este tipo de combustible está provocando que las matriculaciones de vehículos alimentados con gasolina aumenten en lo que va de año un 52% y concentren casi la mitad de las operaciones. Aún así, el gasóleo es de largo el carburante número 1 en el parque gallego, con seis de cada diez de los 1,9 millones de vehículos que hay, según la Dirección General de Tráfico (DGT), contando también motos, autobuses, camiones y hasta tractores. Los alternativos apenas representan el 0,1% (2.908), lo que da una idea clara del desafío que supone la prohibición de las ventas de todo lo que no sea eléctrico puro a partir de 2040, como contempla el borrador de la ley de cambio climático y transición energética, y que el sector califica de "excesiva".

El rechazo de la patronal de fabricantes es "de plano". Una norma que critican por su contenido, pero también por los plazos "acelerados". Va, en opinión de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), en contra del principio de neutralidad tecnológica "defendido al máximo" por la UE. "La industria está totalmente comprometida con la descarbonización del parque automovilístico", asegura en declaraciones a Europa Press Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de la organización, que reclama una transición "ordenada, justa y rentable, desde el punto de vista social y económico" . Por eso tampoco comparten la medida de desterrar los incentivos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles desde el momento mismo de la entrada en vigor de la norma. Algo, apuntan, que dejaría en el aire los planes de apoyo al vehículo alternativo -los híbridos, por ejemplo, necesitan carburantes convencionales-, "al tiempo que se discrimina una tecnología eficiente frente a otras".

Anfac insta a tener en cuenta la opinión de los fabricantes y convocará en los próximos días su Comisión de Estrategia para medir los "severos impactos en el tejido industrial español", desde el punto de vista económico, laboral y social. Solo en Galicia, el motor ronda los 15.000 ocupados en alta en la Seguridad Social, un negocio de más de 6.000 millones anuales y el 22% de las exportaciones de la comunidad.

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No se quedan atrás en reproches los concesionarios, que hablan de un "clima negativo" alrededor de la automoción en España "desde hace meses" y que "deriva ya en una caída estructural del mercado". En lo que va de noviembre las ventas de coches caen un 22,4% y la patronal Faconauto responsabiliza directamente a ese supuesto clima. "Propuestas como las que ha planteado el Gobierno o la profunda crisis del diésel generan incertidumbre entre los compradores, que no saben qué coche comprarse ni cuándo, e impactan en todo el sector", asegura la asociación en una nota de prensa divulgada tras conocerse el contenido del borrador de la ley de cambio climático.

A las voces críticas se sumó CC OO, que tampoco es partidario de poner una fecha concreta a la liquidación en las carreteras españolas de los vehículos de combustión tradicional. El sindicato pide al Gobierno que no sea "un inquisidor ecológico" contra el automóvil. "La medida es propia de un país del Quijote", dice Joaquín Ferreira, responsable de automoción en CC OO.