El Gobierno aprobó ayer un real decreto para que desde mañana sábado -realmente el lunes como primer día laboral- los bancos se hagan cargo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el tributo a las hipotecas que puso en cuestión el Tribunal Supremo, después de que en los últimos 23 años comunidades y Estado lo desviaran al cliente y no a la entidad. El Consejo de Ministros reformó la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para repercutir este tributo a los bancos y eximir de su pago a los clientes de las entidades financieras y, a la vez, modificó la ley del impuesto de sociedades para que las entidades no puede desgravarse el impacto de la nueva carga fiscal en la tributación por beneficios. Con esta cautela el Estado evitará una merma de ingresos al cambiar el sujeto pasivo del impuesto que grava las hipotecas. Las administraciones receptoras de la recaudación (2.000 millones anuales, según Hacienda) son las autonomías por tratarse de un impuesto cedido.
Las haciendas autonómicas podrán incluso aumentar levemente la recaudación, dado que, al dejar de ser sujetos pasivos del impuesto que grava las hipotecas las personas físicas para serlo las entidades bancarias, desaparecerán las bonificaciones que existían hasta ahora en algunas regiones para los titulares de préstamos con menores de edad a su cargo o hijos con discapacidad, afirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En la práctica, será el lunes cuando empiecen a aplicarse en los contratos hipotecarios que se firmen o eleven a escritura pública a partir de ahora. "Desde el respeto a la separación de poderes, lamentamos el cambio de criterio del Supremo, por lo que hoy le ha tocado hablar al poder ejecutivo, que vela por el interés general de los ciudadanos y por garantizar la seguridad jurídica del mercado hipotecario", subrayó Montero.
La ministra de Hacienda descartó -como había hecho anteayer el presidente Pedro Sánchez- que la banca vaya a transmitir el coste tributario de las nuevas hipotecas al cliente por algunas de las vías a su alcance, como encarecer el tipo de interés aumentando el diferencial sobre el euríbor en las condiciones de financiación, o a través de las comisiones. Montero sostuvo que en el mercado bancario existe suficiente competencia como para que eso no ocurra -las entidades intentarán ofrecer las mejores condiciones posibles para no perder cuota de mercado- y que, en todo caso, y para prevenirlo y evitar cláusulas abusivas, el Gobierno aprobó ayer la creación de la nueva figura de la Autoridad Financiera para Defender al Cliente Financiera, que se prevé constituir en "unas semanas".
Pablo Casado (PP) cree, sin embargo, que, "en un mercado libre", la banca repercutirá los nuevos costes al cliente, por lo que reclamó la supresión del impuesto. A su juicio, el Gobierno "engaña" cuando dice que eso no ocurrirá. Tanto el ejecutivo como Ciudadanos se opusieron a la desaparición del impuesto alegando que los 2.000 millones que recauda el tributo son necesarios para la financiación por las comunidades autónomas de los servicios sanitarios, enseñanza, servicios sociales, dependencia y otros gastos que son cuantiosos, y que tienden a crecer por la propia evolución demográfica del país. Juan Carlos Girauta (C's) dijo que "cuando se habla alegremente de suprimir un impuesto hay que decir cómo se sustituye su recaudación". Para Podemos la medida es insuficiente.
La agencia de calificación Moody's cree que la banca podrá trasladar el nuevo coste a la clientela, por lo que no dañará su cuenta de resultados. De los siete bancos que cotizan en Bolsa, tres se apreciaron ayer y cuatro cerraron en negativo.
M. Jesús Montero - Ministra de Hacienda
"Le toca hablar al poder ejecutivo, que vela por el interés general"
