El impuesto que grava las hipotecas lo pagarán a partir de mañana los bancos y "nunca más" los clientes. El Consejo de Ministros modificará hoy por Real Decreto la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para mañana, los usuarios dejen de tributar por esta figura impositiva y la asuman las entidades financieros, dijo el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez. La decisión, que parece contar con suficiente apoyo de otras fuerzas políticas para la convalidación del decreto en el Parlamento, revertirá los efectos a futuro de la controvertida decisión que adoptó anteayer el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la que, con el voto a favor de 15 magistrados y en contra de otros 13, se restableció la interpretación que había estado vigente entre 1995 y el pasado día 18 de octubre y en virtud de la cual era el prestatario y no el prestamista quien asumía el coste del tributo.
La ley del impuesto, de 1993, que ahora se va a modificar, es imprecisa sobre el sujeto pasivo del impuesto (afirma que deben pagarlo "aquellos en cuyo interés se expidan" los documentos notariales o los "soliciten") pero su reglamento, de 1995, impuso taxativamente al cliente el pago del tributo. Tres sentencias de la sección segunda -la especializada en materia tributaria- de la sala Contencioso-Administrativo anularon el día 18 este artículo del reglamento, con lo que no sólo transfirieron el pago de impuesto a la banca sino que abrieron la puerta a posibles reclamaciones retroactivas de los usuarios a las haciendas autonómicas e incluso a los bancos, lo que éstos juzgaron como inasumible dado que se habían limitado, dijeron, a cumplir con la legalidad vigente.
La nueva redacción de la ley no podrá tener carácter retroactivo, como recordó ayer el presidente del Gobierno, y la nueva doctrina del Supremo, aprobada el martes, al restaurar la doctrina tradicional, cierra también la vía de las demandas de devolución por los tributos pagados por los ciudadanos hasta el pasado octubre, salvo que posibles demandas ante el Tribunal de Justicia Europeo concluyeran con sentencias en sentido contrario. La reforma tampoco garantiza plenamente que los bancos eximan en el futuro a sus clientes de la carga fiscal, dado que, como avanzaron algunas fuentes del sector y muchos economistas tras los fallos del día 18, lo habitual es que un aumento de los costes en cualquier producto o servicio se transmita en una elevación del precio o un endurecimiento de las condiciones, lo que previsiblemente ocurrirá en las hipotecas futuras.
Sánchez sostuvo ayer que "cree y espera" que esto no ocurra, dado que "el mercado hipotecario es bastante competitivo porque hay mucha oferta", pero, no obstante, apeló "a la responsabilidad del sector financiero" y avisó que, de ocurrir, podría "abrirse un debate sobre cláusulas abusivas". El Consejo de Ministros aprobará hoy la creación de la figura de la Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero para "reforzar los derechos" de los usuarios, vigilar "potenciales abusos" y "favorecer la resolución de conflictos".
Sin embargo, los bancos cotizados cerraron la jornada en positivo en la Bolsa, aupados por la decisión favorable para sus intereses que tomó el Supremo la víspera por la noche. Y, aunque todos sufrieron un punto de inflexión a la baja pasada la una de la tarde (cuando Sánchez anunció que van a pagar a partir de ahora el impuesto), no por eso dejaron las ganancias y, si bien algunas bancos perdieron fuelle en el parqué a partir de entonces, otros incluso volvieron a repuntar.
La reforma del Gobierno pretende, dijo Sánchez, crear un "escenario previsible, estable y con seguridad jurídica en interés de todos" y con una redacción "clara" de la norma tras los vaivenes y contradicciones judiciales, que el presidente del ejecutivo dijo "lamentar" y que debe ser motivo, dijo, de "reflexión" y de "autocrítica" por el alto tribunal.
Albert Rivera, de Ciudadanos, reclamó "una modificación urgente y exprés, que libere a las familias" del pago del tributo y "ya". Pablo Iglesias, de Podemos, juzgó insuficiente el anuncio gubernamental: los bancos, afirmó, tienen que "devolver" el dinero de ese impuesto a los usuarios que ya lo han pagado. Pablo Casado, del PP, sostuvo a su vez a su llegada a Helsinki que la medida no es suficiente y que el impuesto debe ser eliminado porque previsiblemente la banca lo repercutirá en los costes de las hipotecas futuras. Sánchez, interrogado por la posición del PP, afirmó que Casado debe preguntar a los presidentes autonómicos de su partido "si están dispuestos a perder capacidad recaudatoria para financiar la sanidad, la educación y otros servicios porque cuando vienen a verme a mí me piden más recursos".
