En julio de 2016 la Comisión Europea impuso una multa de 2.930 millones de euros a fabricantes de camiones tras haber probado que MAN, Volvo y Renault, Daimler, Iveco y DAF Trucks actuaron como un cártel entre 1997 y 2011. Fueron catorce años durante los que pactaron un incremento medio de entre el 15 y el 20% en el precio de los vehículos y que dejaron un reguero de afectados por todo el continente. Ahora, y a través de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), los titulares de los camiones ultiman la interposición de un aluvión de demandas en todo el país para reclamar el sobreprecio que abonaron en su día. Solo el despacho gallego Caamaño, Concheiro y Seoane (CCS Abogados), fichado precisamente por la CETM, pedirá que se devuelvan los importes cobrados de más a 664 transportistas gallegos. En total, reclamarán por 3.303 camiones mediante un millar de procedimientos procesales en juzgados de lo Mercantil. El experto en Competencia Francisco Marcos, recién incorporado al bufete CCS, cree que las marcas tendrán que pagar, en el conjunto de la UE, más de lo que ya abonaron en concepto de multa. En Galicia el perjuicio puede cifrarse, por la cifra de afectados y el sobreprecio, en más de 70 millones.

La Comisión de Competencia determinó que "la infracción consistió en acuerdos colusorios sobre la fijación de precios y los incrementos de los precios brutos de los camiones", tanto los considerados medios (de entre 6 y 16 toneladas) como pesados (de más de 16 toneladas). "La infracción abarcó la totalidad del EEE [Espacio Económico Europeo] y duró desde el 17 de enero de 1997 hasta el 18 de enero de 2011", fecha en que Bruselas inició por sorpresa -y tras el chivatazo de MAN- inspecciones en las sedes de las compañías. La alerta de la alemana Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) le libró de la multa de Competencia, no de las querellas judiciales. En toda España los demandantes que representará CCS ascienden a 4.854 por la compra de 31.820 vehículos durante esos 14 años en los que actuó la trama. "Hay más expedientes procesales -son 4.854 a nivel nacional- que clientes, ya que un cliente puede haber adquirido vehículos de diferente marca, con lo cual tendrá que iniciar más de un proceso judicial con diferentes compañías demandadas", explican desde el bufete gallego.

La legislación en España complica la interposición de demandas colectivas, más sencillas de plantear en otros países, por eso CCS ha descartado esta opción. Se iniciarán así miles de procedimientos en los juzgados de lo Mercantil, aunque todos utilizarán el informe pericial elaborado por el despacho. "La pericial hay que ajustarla a cada caso porque la cantidad que se reclama no es la misma para un camión de 1997 que para otro de 2005", matiza Marcos. Se han producido ya los primeros pronunciamientos en Alemania favorables a los clientes, por ejemplo, y los expertos están confiados en que la Justicia dará la razón a los afectados. Al importe del sobreprecio habrá que sumar, en caso de que la sentencia sea favorable, los intereses.