El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha propuesto juzgar a siete personas, entre las que se encuentra el expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y parte de su cúpula directiva, por una operación inmobiliaria en el municipio de Cangas do Morrazo que ocasionó un "quebranto" de 43,1 millones de euros a la entidad. En un auto en el que pone fin a la instrucción, De la Mata propone en concreto que se juzgue a Gayoso, así como a los directores Generales Adjuntos Ángel López Corona, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada; al jefe de Empresas Participadas en Caixanova Juan Manuel Gutiérrez Ois y los administradores de Atlántico Construcciones y Promociones, Ubaldino Rodríguez y su mujer, Natividad González. Archiva las actuaciones para otros once investigados.
Entiende que hay indicios suficientes de la comisión de un presunto delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social y otro de apropiación indebida en aquella operación, que fue investigada en una pieza separada al hilo de las pesquisas sobre la gestión de Caixanova. Se trata de un proyecto inmobiliario que querían acometer Atlántico Construcciones y la extinta caja de ahorros, que aportaría la financiación, en Cangas, para la promoción de una urbanización con viviendas, comercios y servicios, así como la construcción y explotación de un puerto deportivo, todo, con una inversión máxima de 151 millones de euros. La actuación se conocía también como proyecto de Massó.
El proyecto se desarrollaría a través de dos sociedades (CRMA y RMA) participadas al 50 por ciento por los dos socios, pero el juez, tras analizar toda la operación, considera que fue diseñada específica y deliberadamente por los investigados para que el coste lo asumiera Caixanova y por ende, las pérdidas, que superaron los 43 millones de euros. Mientras, la constructora se limitaba a inyectar en el proyecto las cantidades que iba recibiendo de Caixanova, cuyos directivos dieron luz verde a financiar la iniciativa pese al "altísimo" riesgo de la operación, ya que la situación urbanística de los terrenos hacía imposible su desarrollo. De hecho, once años después, el Plan General de Ordenación Urbanística imprescindible para la promoción sigue sin aprobarse.
El juez apunta que los directivos de Caixanova consiguieron que los órganos corporativos de la entidad adoptaran los acuerdos necesarios para dotar al proyecto en cada momento de las fuentes de financiación necesarias, "ocultando la inexistencia de suficiente análisis técnico que soportara la asunción del riesgo en la fase inicial y sin proveer la información suficiente en relación con los sucesivos acuerdos que se fueron adoptando, en particular en cuanto a la situación urbanística de los terrenos y a la viabilidad legal y técnica del proyecto".
Sin información a la Xunta
De este modo, los directivos de Caixanova consiguieron que se acordara la alianza con un socio que no tenía capacidad económica y financiera para materializar la compra de los terrenos ni para asumir de modo independiente la parte del proyecto que le correspondía, sin evaluar el precio razonable de los terrenos y pagando por ellos, en consecuencia, una "cantidad elevadísima y no justificada en absoluto", para "ocultar ahí las enormes plusvalías" de Ubaldino Rodríguez y Natividad González, responsables de la constructora.
Además, explica, se disimuló el abono de un canon a Rodríguez "injustificado" en el pago del precio de los terrenos, se omitió la realización de una auditoría legal y se evitó la "más elemental diligencia para comprobar primero y, para asegurar después, la viabilidad del proyecto y sustrayendo a los órganos corporativos de Caixanova (Comisión Delegada y Consejo de Administración) la información apropiada para que pudiera tomar decisiones informadas".
De la Mata subraya también que en la legislación autonómica se establece que es competencia de la Consejería de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia, en relación con la cajas de ahorros de la comunidad, autorizar las tomas de participación de capital superiores al 20 por ciento, autorización que deberá ser expresa, previa y escrita.
En este caso, señala el magistrado, el acuerdo del Consejo de Administración de Caixanova fue adoptado, por tanto, antes siquiera de comunicar a la Xunta de Galicia la existencia del proyecto y la toma de participación pretendida. Tampoco la Comisión Nacional del Mercado de Valores fue informada, "pues ni el informe de gobierno corporativo correspondiente a 2005 ni en los siguientes se hace mención a tan abultada inversión".
