Los gobiernos de Galicia (PP) y Asturias (PSOE) demandarán al Gobierno central un marco energético estable que garantice unos costes asumibles y competitivos para las grandes industrias electrointensivas, como condición para intentar frenar el cierre de las factorías de Alcoa en A Coruña y Avilés y como medida preventiva para disuadir una posible fuga "aún más grave" en el futuro de otras empresas muy dependientes del aprovisionamiento energético, señalaron Alberto Núñez Feijóo, de la Xunta, y Javier Fernández, del Principado de Asturias.
El objetivo prioritario de las dos administraciones autonómicas y del Gobierno central es conseguir que Alcoa rectifique su decisión y continúe produciendo aluminio en A Coruña y Avilés, y, solo en caso de que no desista, se intentará buscar un comprador que garantice su continuidad, señaló la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera. El grupo inversor europeo Klesch Group, controlado por el millonario estadounidense Gary Klesch, ya ha mostrado interés en quedarse con las dos fábricas si Alcoa las abandona.
Klesh, con sede en Ginebra, operaciones en Reino Unido y una refinería de petróleo al norte de Alemania, entre otros activos, opera en el sector de las materias primas. Klesch se dio a conocer en la "city" de Londres hace tres décadas por la inversión en compra de deuda de empresas en dificultades. Hay cautela sobre la oferta, muy preliminar y que conllevaría la petición de ayudas públicas. Un grupo industrial español había manifestado interés al menos por la planta avilesina cuando en 2014 Alcoa amagó con cerrarla, aunque no hay constancia de que ahora persista esa predisposición compradora.
Los dirigentes gallego y asturiano, que pactaron una agenda de trabajo conjunta en defensa de las dos factorías de Alcoa amenazadas, expresaron, tras su encuentro en Oviedo, el rechazo radical a la decisión de la multinacional estadounidense, que juzgaron "muy difícil de entender y poco respetuosa con los trabajadores y las comunidades autónomas" (Feijóo) e "inadmisible en la forma y en el fondo" (Fernández). "No es de recibo que los gobiernos nos hayamos enterado de una decisión tan drástica por los medios de comunicación", dijo Núñez Feijóo.
La actuación conjunta de los dos gobiernos autonómicos, consensuada ayer en Oviedo y en los días previos mediante diversos contactos entre los dos dirigentes regionales, se focalizará en la empresa para que rectifique la decisión adoptada y también en el Gobierno central para que impulse una revisión del marco regulatorio que garantice a las empresas con un elevado consumo energético unas condiciones "homogéneas" con las de sus competidores de otros países.
El Gobierno central, que ayer hizo también una declaración contundente contra el proceder de la empresa y en defensa de las factorías, ha convocado el martes a la compañía. La ministra de Industria, Reyes Maroto, dijo que es "optimista" sobre el desenlace y que ha demandado a la empresa que le documente el martes los problemas que aduce para "poder definir distintos escenarios en los que poder trabajar". En la reunión también participará la titular de Transición Energética. Ese mismo día, responsables de Industria de Galicia y Asturias se reunirán con el secretario de Estado de Energía y, una semana después, lo harán los dos presidentes autonómicos con ambas ministras.
El Gobierno central desvinculó la decisión de la multinacional del coste de la energía. Según la ministra portavoz, Isabel Celaá, el anuncio de Alcoa es "absolutamente" ajeno a ello. Pero para el presidente gallego no se conoce otro motivo: "En los últimos diez años, en conversaciones con directivos de Alcoa y sus tres presidentes en Españas, jamás plantearon durante este tiempo otro problema diferente al energético. No sé si en sesenta días han aparecido otras causas. Por lo tanto, es un problema energético".
Los dos presidentes demandaron que se movilicen los 150 millones previstos en los presupuestos para compañías electrointensivas y Javier Fernández reclamó horas antes a la Unión Europea que revise su rechazo a la bonificación energética (caso de la antigua tarifa G4) cuando se hace en otras áreas económicas con cuyas empresas compiten las europeas. Feijoo recordó que la unión de Galicia y Asturias logró superar el problema del "tax lease" que acució a los astilleros.
