La puerta abierta por el Supremo a la devolución del principal impuesto que se paga en la formalización de las hipotecas tras sentenciar que es el banco el que debe pagar y no, como hasta ahora, el cliente, afecta a aproximadamente unos 20.000 gallegos por año. Son las estimaciones que acaba de hacer públicas el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, que asegura además que su departamento está haciendo los cálculos del impacto económico que tendría el reintegro. Hay que tener en cuenta que todavía hay muchas interrogantes abiertas sobre los efectos de la decisión del alto tribunal respecto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, gestionado por las comunidades, y la anulación del artículo del reglamento del gravamen que asimilaba el sujeto tributario con el hipotecado.
Lo que sí ha adelantado Martínez es la previsión de que la próxima semana habrá una reunión de todas las autonomías para intentar fijar una postura común respecto al proceso de reclamaciones. Según los expertos consultados, de las tres posibles vías para reclamar la devolución, además de hacerlo directamente en el banco y la demanda en los tribunales, existe la posibilidad de acudir directamente a las haciendas autonómicas. En este último caso, solo podrían hacerlo los titulares de las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años.
El Tribunal Supremo dio a conocer ayer su cambio de parecer sobre quién debe pagar el impuesto después de otro fallo reciente, en febrero, que mantenía la obligación en el consumidor. Ahora considera que los bancos son los únicos interesados en la elevación a pública de la escritura para, entre otras cosas, llegar a pedir un desahucio en caso de impago, y que, por tanto, a ellos les corresponde pagar el tributo.
El tipo varía en función de las comunidades. El general en Galicia está fijado en el 1,5%, aunque en caso de compra de vivienda habitual con patrimonios de menos de 200.000 euros baja al 1% y al 0,5% para determinados colectivos, como familias numerosas, discapacitados y jóvenes menores de 36 años.
