El ultimátum del Tribunal Supremo es claro y contundente. El Ministerio para la Transición Ecológica debe subir la luz en las comunidades que tengan impuestos regionales al sector eléctrico antes del 30 de noviembre, como avanzó ayer FARO. No hay más prórrogas posibles para cumplir, cuatro años después de dictarla, la sentencia que reconoció el derecho de las empresas a recuperar el importe abonado en 2013, cuando el Gobierno presidido por Mariano Rajoy reformó la ley para evitar que los consumidores de autonomías sin tributos de este tipo acabaran asumiendo el sobrecoste. La Xunta lideró desde el principio las protestas contra la medida, a pesar de ser consciente de que esto iba a suceder. Durante la tramitación de la ley para crear el canon hidroeléctrico, uno de los que hay que repercutir en Galicia en el recibo del consumidor, los populares, en aquel momento en la oposición, rechazaron el gravamen creado por el bipartito precisamente por esta razón. Porque podría desembocar en un suplemento territorial como el que hay que activar ahora. El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, insiste, sin embargo, en que los impuestos gallegos deberían quedar al margen del encarecimiento del recibo, aunque también empieza a hablar de una posible rebaja en la cuantía -Galicia, con un desembolso de casi 16 euros por cliente, es la autonomía más afectada- si finalmente no se tienen en cuenta todos los impuestos recogidos en el borrador de la orden que hará efectiva la subida de la luz.

"Son por contaminación ambiental", incidía de nuevo ayer Conde en declaraciones recogidas por Europa Press, para intentar desmarcar los impuestos gallegos de los suplementos territoriales. Pero la ley de 2010 no establecía diferencias entre tributos en función de su naturaleza. Tanto directos, como indirectos. De hecho, el borrador de orden tramitado este verano por el Gobierno para aplicar el incremento del recibo recogía el canon eólico, el hidroeléctrico, el de contaminación atmosférica y la parte proporcional del canon de saneamiento: 37,6 millones, incluidos los intereses legales.

Conde subrayó la condición de "borrador" y que los 16 euros son "un máximo" que podría rebajarse si no son todos los impuestos inicialmente previsto. El conselleiro volvió a pedir "sensibilidad" al Gobierno con las alegaciones presentadas.