Las centrales térmicas clásicas, alimentadas por carbón, "difícilmente llegarán" a 2028, según avanzó ayer la ministra de Transición Energética,Teresa Ribera. La responsable gubernamental sostuvo que esta previsión emana de "un marco comunitario" que le viene "dado" al ejecutivo español, y expresó su preocupación por "la falta de anticipación" de las comarcas donde están emplazadas estas instalaciones de generación eléctrica para buscar alternativas. El mandato europeo obliga, recordó, a que las centrales cumplan determinadas obligaciones ambientales y, en caso contrario, a que sean clausuradas.

El anuncio de la ministra, hecho público en un acto organizado en Madrid por el foro Nueva Economía, anticipa los planes del Gobierno y por dónde parece que irá la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética, que, junto con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se desvelarán antes de fin de año. Ambos textos pretende cumplir con los objetivos europeos para 2030 y 2050.

El pasado mes de julio, Ribera había dado por seguro el cierre en 2020 de siete de las quince térmicas españolas: todas aquellas que no hubiesen hecho inversiones en desnitrificación. Las afectadas, en principio, serían las de Anllares (León), de Naturgy; Aboño I (Asturias), el grupo más antiguo de EDP; Lada (Langreo) y Velilla del Río Carrión (Palencia), de Iberdrola; y posiblemente Soto de la Barca (Tineo), de Naturgy; y Andorra (Teruel) y Compostilla (León), de Endesa, mientras que persiste la duda sobre La Pereda (Mieres), de Hunosa.

Además de las citadas, España cuenta la dos térmicas gallegas, la de Endesa en As Pontes, que en principio acometerá las inversiones necesarias para alargar su vida útil; y la de Naturgy en Meirama, sobre la que todavía la compañía no ha tomado ninguna decisión. A ambas se suman Soto de Ribera (Asturias), Alcudia (Mallorca), Puente Nuevo (Córdoba), Carboneras (Almería) y Los Barros (Cádiz).

La previsión coincide con la recomendación que había hecho en abril la comisión técnica, integrada por catorce expertos, que designó el Gobierno de Mariano Rajoy para abordar el desafío del cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.