A la escalada de vértigo en la que se mueven los precios de la electricidad, con un alza acumulada del 6% en Galicia en lo que va de año y picos de hasta el 12,4% como el del pasado septiembre, se sumará el breve un incremento más, ajeno a todos los problemas meteorológicos que están engordando la factura, pero muy relacionado con las debilidades estructurares del sistema energético español. Desde 2014 está pendiente la sentencia del Supremo que obliga a encarecer la luz en aquellas comunidades con impuestos propios a las eléctricas. La reforma de la ley del sector de 2013 impulsada por el anterior Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy fijó como obligatorios estos recargos autonómicos para evitar que los consumidores de regiones en las que no existen ese tipo de tributos acabaran pagando también el sobrecoste a las compañías. No se hizo. Y las empresas recurrieron. El alto tribunal les dio la razón y ahora se le acaba la paciencia. Su ultimátum es claro: antes del 30 de noviembre. Galicia será la autonomía más afectada. Cada usuario abonará una media de casi 16 euros repartidos en 12 mensualidades, según las estimaciones del Gobierno.
Teóricamente todo estaba listo este verano para aplicar la subida. El nuevo Ministerio para la Transición Ecológica heredó la patata caliente y sometió al trámite de audiencia pública un proyecto de orden con los llamados suplementos territoriales para Galicia y las otras 13 regiones afectadas. El tiempo corría en su contra. Ya en aquel momento el Supremo estableció un límite para el cumplimiento del fallo, que no podía retrasarse más allá del 18 de julio.
Ante la enésima queja de las compañías del sector por la dilación, el departamento que dirige Teresa Ribera dio cuenta al Supremo de la preparación de la norma el 3 de agosto y de los muchos obstáculos que tenía por la oposición de las autonomías a asumir la resolución. La Xunta llegó a pedir la paralización cautelar, amparándose en que los suyos no son impuestos a la producción eléctrica, sino medioambientales. Una diferencia que la ley no contempla, ya que exige que los suplementos territoriales se activen por cualquier tipo de gravamen al sector, sea cual sea su naturaleza.
"Con las reseñadas dificultades y sin perjuicio de las críticas al proyecto de orden que apuntan algunos de los interesados, lo cierto es que la actuación de la Administración está encaminada a la ejecución de aquella sentencia de 11 de junio de 2014 y sus autos de ejecución", responde ahora el Supremo en un nuevo auto , en el que destaca "una especial falta de diligencia, atendido igualmente el cambio ministerial producido y las contrastadas dificultades que la presente ejecución conlleva".
Pero eso no quiere decir que el Supremo haya decidido alargar la tregua mucho más. Ante las nuevas demandas de las eléctricas para poder recuperar el dinero desembolsado en los impuestos regionales, el alto tribunal pide al ministerio que le informe "sobre el estado de ejecución" y marca el 30 de noviembre "como fecha última para la ejecución solicitada", bajo la amenaza de imponer sanciones personales por la tardanza.
En Galicia hay que repercutir lo recaudado por el canon eólico, el de las hidroeléctricas, el impuesto sobre contaminación atmosférica y la parte proporcional del sector eléctrico en el canon de saneamiento. Unos 34,7 millones de euros, más los intereses generados, que hasta el verano rondaban los 3 millones de euros.
