La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico "no admite ni más demoras ni más dilaciones", advertía Isaura Leal, comisionada del Gobierno para la difícil tarea de frenar la pérdida de población y afrontar el desafío del envejecimiento, hace unos días durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde aprovechó para exigir "la implicación de todos lo poderes públicos". Sin la alianza de Estado, comunidades y ayuntamientos poco probablemente se podrá hacer para buscar soluciones a un problema ya generalizado en casi toda España y el más grave, según coinciden los expertos, también para el futuro de la economía del país. A la espera de que la próxima semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique las proyecciones de hogares hasta 2033 y las de residentes hasta 2068, en el caso de Galicia las previsiones más pesimistas de personas en edad de trabajar que en 2005 elaboró su homólogo en la comunidad, el IGE, están superadas. Hay 20.000 activos menos que lo estimado y en 2021 no supondrán ni la mitad del censo. El invierno demográfico, evidentemente, contagia al mercado laboral. Envejece la sociedad y con ella la ocupación, hasta el punto de que en la actualidad los trabajadores gallegos de más de 45 años rozan la mitad del total después de dispararse un 40% en apenas década y media.
De los 1,07 millones de ocupados con los que Galicia cerró el segundo trimestre del año, más de 309.000 tenían entre 45 y 54 años, lo que supone un alza del 40% en comparación con 2002, según los datos del IGE, cuando había 220.800. Los de 55 y más alcanzaron los 203.900, con un incremento incluso mayor, del 41,4%, durante este tiempo. Hace 16 años eran 144.200.
La otra franja de edades al alza en la región es la que va de los 34 a los 44 años. Sumaban en el tercer trimestre del ejercicio unos 327.000, un 19,6% más que en 2002. Y ahí se acaban los crecimientos. Conforme se baja en el escalón de la pirámide demográfica del mercado laboral autonómico, mayor es la reducción de trabajadores. Los de 25 a 34 años pasaron de 283.000 a 196.000, una reducción del 31%; del 57% entre los de 20 a 24 años (de 80.600 a únicamente 34.500); y del 71% entre los ocupados de 16 a 19 años, que actualmente ascienden a 4.200. Si tenemos en cuenta estas tres últimas horquillas de edad, Galicia perdió en este periodo 143.300 trabajadores jóvenes, con todo lo que eso supone para garantizar el relevo generacional y contar con futuros cotizantes que sostengan el sistema público de pensiones.
De hecho, hace tiempo ya que en Galicia los inactivos (1,082 millones de residentes) superan a los activos (1,075 millones). Es decir, que hay más personas que están fuera del mercado laboral y ni siquiera integran las listas del paro, que los que están empleados.
Las luces de alarma no están encendidas solo en Galicia. Ni es un problema concentrado exclusivamente en las regiones del noroeste, tradicionalmente las más envejecidas. Es cierto que sufren con especial virulencia el impacto del invierno demográfico en el mercado laboral. El porcentaje de ocupados mayores de 55 años llegan al 21,5% en Asturias y saltan del 20% en Castilla y León y Cantabria. A continuación está Galicia, que roza esa proporción. Pero el resto no se está quedando atrás. En Aragón, por ejemplo, representan el 18,4% y un 18,2% en País Vasco. En Murcia, donde menos hay, se sitúan el 14,7%. Y en el conjunto del Estado rondan el 17%.
La cuestión es saber cuánto empeorará. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó esta misma semana un estudio a fondo sobre la evolución de la población española y sostiene que en los próximos 30 años aumentará de 4 a 13 millones de personas, hasta alcanzar entre 51 y 60 millones, frente a los cálculos del INEw y el organismo estadístico europeo, Eurostat, que rebaja las perspectivas a 44 y 49 millones, respectivamente. Lo gordo de la discrepancia, como señala la propia AIReF, está en los residentes en edad de trabajar. Asegura que se mantendrá en los niveles actuales, alrededor de los 30 millones, mientras que el INE habla de una caída de 7 millones y Eurostat de 5 millones.
"Las proyecciones de ambas instituciones supondrían la japonización de nuestra economía, entendida como una aceptación pasiva del desafío demográfico, donde no tiene cabida ni la entrada de inmigrantes ni políticas que conduzcan a aumentar la fecundidad", destaca la AIReF.
