El inmediato noviembre, o incluso "antes", como avanza la ministra de Hacienda, el Gobierno quiere aprobar el impuesto a transacciones financieras, junto a una Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal y un tratamiento fiscal "adecuado" para la economía colaborativa, con un gravamen del 3% sobre sus ingresos, fundamentalmente a plataformas de sectores de alojamiento o transporte, entre las que se encuentran empresas como Airbnb, Uber o Cabify. "Hay plataformas dedicadas a este servicio que generan miles de millones y no tributan de manera adecuada, porque la fiscalidad actual no reconoce este tipo de actividad y entran en competencia desleal con sectores tradicionales", aseguró ayer María Jesús Montero durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado para explicar las líneas generales y los objetivos de su Ministerio.
El tributo, que, al ser nuevo, se tramitará como proposición de ley se destinará a compañías con una facturación mundial superior a los 750 millones de euros a nivel mundial o 3 millones en España.
La ministra también confirmó que el Ejecutivo está negociando establecer un porcentaje del 5% de tributación para los beneficios que las empresas obtienen en otros países y que actualmente cuentan con una exención del 100% por los convenios de doble imposición. La negociación se centra en ver si "aquello que tiene fiscalidad ya en los países donde se ha producido actividad o donde se ha exportado, puede repercutirse", siguiendo, dijo, el mismo parámetro que Francia o Alemania.
