Como ya ha hecho en otras ocasiones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pone la lupa en las pensiones en España, esta vez para levantar la voz por la posible actualización otra vez conforme al IPC. El organismo asegura que la medida, con un principio de acuerdo ya en el Pacto de Toledo, podría poner en peligro "la sostenibilidad financiera" del sistema por su coste -entre el 3% y el 4% del PIB hasta 2050- si no forma parte de un paquete de reformas "integral".

Entre esas reformas para "contrarrestar" el aumento del gasto, los técnicos del FMI señalan el incremento de la cotización mínima para los trabajadores autónomos y gravar más a las rentas altas, así como vincular directamente la edad legal de jubilación a la esperanza de vida -sugieren elevarla por encima de los 67 años-, junto con otras subidas de impuestos en el IVA -productos que ahora tengan un tipo reducido suban al general-, tributos medioambientales y eliminar exenciones fiscales para mejorar los ingresos públicos en general. Tras concluir su revisión anual, el FMI rebaja una décima menos su previsión de crecimiento de la economía española en 2018, al 2,7%, pero mantiene el 2,2% estimado para 2019. Además, reclama unos presupuestos "creíbles".

No tardó en responder la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que ya antes de conocerse el diagnóstico del FMI volvió a defender la necesidad de recuperar la actualización de las prestaciones en función de los precios después de que su compañera, la ministra de Economía, Nadia Calviño, apelara el martes a tener en cuenta otros parámetros también. "No podemos actuar solamente en uno de los puntos, tenemos que actuar en los dos", aseguró Magdalena Valerio, en referencia al "compromiso inquebrantable" del Gobierno para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, pero también para "hablar de financiación del sistema público de pensiones y de la Seguridad Social". Y avisa: "Si no se da una salida digna, pasará factura en las urnas a todos los partidos".