Las pensiones volverán a revalorizarse de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC) para preservar el poder adquisitivo, según el acuerdo alcanzado ayer en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, foro encargado de negociar y formular las recomendaciones que deben guiar las políticas sobre el sistema público. El acuerdo, suscrito por todos los partidos salvo ERC, establece que las prestaciones suban "en base al IPC real", sin concretar más. El Pacto de Toledo da así carpetazo al controvertido mecanismo de revalorización que aprobó en solitario el PP en 2012 y que mantuvo cuasicongeladas las nóminas de los pensionistas entre 2014 y 2017. Las de los gallegos han marcado un nuevo rédord: suponen ya más de 617 millones de euros al mes.

Tras meses de discusión política y de movilizaciones de los colectivos de jubilados, PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, PNV y Compromís han pactado que las pensiones se actualicen según la inflación. El texto recupera así el criterio de otra recomendación aprobada en 2011 y en apariencia se desecha la alternativa, defendida en otros momentos por algunos partidos, de ligar la revalorización también al comportamiento del Producto Interior Bruto (PIB) o al de los salarios. Y se firma el finiquito del mecanismo en vigor desde 2014: "La comisión constata que el vigente índice de revalorización -asociado a la salud financiera de la Seguridad Social- no goza del suficiente consenso político y social", señala el acuerdo. Ese procedimiento limitó las subidas al 0,25% anual hasta que, en 2018, se dejó aparcado, en el contexto de las movilizacines protagonizadas por los pensionstas y de la negociación prespuestaria que el entonces Gobierno del PP mantuvo con Ciudadanos y el PNV.

La recomendación del Pacto de Toledo, que más adelante será votada en el Congreso, dice textualmente: "La revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones". Tal afirmación presenta lagunas y deja espacio a interpretaciones disímiles. ¿Cuál es ese "IPC real"? No se especifica. Desde 1997, la norma general fue subir las prestaciones de acuerdo con la inflación prevista por el Gobierno a principios de año y revisarlas después según el IPC interanual de cada mes de noviembre, compensando con carácter retroactivo a los jubilados cuando ese dato de inflación superaba a la prevista.

Representantes del PNV en la Comisión del Pacto de Toledo matizaron ayer que corresponderá al Gobierno de turno definir qué se entiende por "IPC real", bajo la supervisión de los partidos. En ausencia de mayor concreción, el texto abre la puerta, por ejemplo, a revalorizar las pensiones, no con el dato de un mes, sino con el promedio de la variaciones interanuales que registre el IPC en los doce meses del ejercicio. Un cálculo así permite una aproximación mayor al comportamiento efectivo de la inflación.

Que el texto del acuerdo utilice la expresión "en base al IPC real" en lugar de otras más precisas también genera dudas. Ayer mismo, el parlamentario del PP Gerardo Camps incidió en los siguiente: "La recomendación recoge que se subirán las pensiones en base al IPC, no conforme al IPC". Es una redacción tan abierta que podría caber en ella la posibilidad de actualizar las prestaciones teniendo en cuenta la inflación, pero subiéndolas por debajo de ella.

Fuentes parlamentarias reconocieron que el texto acordado es deliberadamente abierto para propiciar el mayor consenso político posible, aunque a riesgo de que la controversia sobre la forma de subir las pensiones no quede resuelta por completo y se reabra cuando toque trasponer las recomendaciones del Pacto de Toledo a la legislación. De momento el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se ha mostrado ya contrario a anclar el alza de las pagas a la inflación porque podría generar "efectos perversos".